Continúa la polémica sobre la ampliación de la Reserva Natural Especial de Rasca, en Arona. Las declaraciones a este periódico de la presidenta de Asaga, Ángela Delgado, calificando la medida de “atropello” para el sector agrícola al afectar, aseguró, a fincas de viñedos, plátanos y aguacates, han encendido un debate político y social después de que el pleno del Parlamento aprobara la semana pasada por unanimidad tramitar una proposición de ley para ampliar en un 80% los límites de protección, pasando de las 312 hectáreas actuales a 557.
El director del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Abona, Manuel Rodríguez, respaldó ayer los argumentos de la presidenta de Asaga y pidió que “no se sigan poniendo palos en las ruedas” a los nuevos proyectos vitivinícolas de Abona y lamentó que la ampliación de la reserva se realice por el trámite de urgencia, así como a la falta de una referencia a las plantaciones existentes en la exposición de motivos de la proposición.
A su juicio, está en riesgo “no solo el 10% de la uva, sino probablemente el primer proyecto enoturístico que pretendía diferenciarse por tener el mar, los volcanes y el viñedo de la mano”.
En el polo opuesto se sitúa la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN), que ha expresado su “total y rotundo apoyo” a la ampliación de la reserva ante el “urbanismo depredador” y al tratarse de una “histórica demanda del mundo científico, del movimiento ecologista y de defensa del patrimonio de Tenerife”.
ATAN recuerda que la ampliación de la superficie protegida ha contado con la unanimidad de todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Arona y del Parlamento de Canarias y se pregunta “por qué Asaga no se ha pronunciado con igual rechazo y contundencia sobre la Operación Singular Estructurante de carácter turística que prevé el Plan Insular de Tenerife para gran parte de la zona que se pretende proteger, y que solo serviría para cubrir de cemento un área de extraordinario valor”.
Además, la organización ecologista exige al Cabildo que “cumpla con sus competencias” y habilite los medios de vigilancia necesarios, en colaboración con el Ayuntamiento de Arona, para evitar el deterioro de este espacio como consecuencia del “descontrol y los actos de vandalismo que se vienen produciendo respecto al patrimonio natural y arqueológico”.
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