justicia y tribunales

Los sindicatos exigen el cese del director del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno de Canarias ha sido condenado a pagar 6.000 euros por las represalias contra un forense que se quejó por las carencias laborales
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Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife./ SERGIO MÉNDEZ

Los sindicatos con mayor representación en la administración de justicia, como son Intersindical Canarias, CSIF, STAJ y Comisiones Obreras, solicitaron ayer el cese del director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Cruz de Tenerife, Jesús María Vega, a cuenta de las sentencias condenatorias dictadas por mor de su acciones y que ya anticipó DIARIO DE AVISOS.

Como ya detalló este periódico, el Gobierno de Canarias ha sido condenado en costas y a abonar en un total de 6.000 euros por “el negligente comportamiento de dicho funcionario”, conforme se recoge en las sentencias que nos ocupan, y que obedecen a lo que se considera probado como represalias contra un forense que se quejó por las deficiencias de medios para llevar a cabo su labor.

“Entendemos que de no producirse el cese del director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la responsabilidad de mantener en el cargo recae sobre quien le mantiene en dicho puesto, quien habrá de explicar los motivos por los que, con estos antecedentes, mantienen al mismo en ese puesto de confianza”, sostienen dichos sindicatos.

Cabe recordar, como hacen los referidos representantes de los trabajadores, que . el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 2 de Santa Cruz de Tenerife declaró a primeros del pasado enero la firmeza de la sentencia con fecha de 2 de noviembre de 2022 en la que se condena a la Administración a indemnizar con 2.000 euros al aludido forense que fue trasladado de Partido Judicial de forma forzosa e irregular por el Director del IML. Esta indemnización se suma a los 4.000 abonados ya por las costas procesales a las que fue condenada también la Administración por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 1, que anuló el acuerdo de traslado forzoso por no ser ajustado a Derecho.

Además, la sentencia firme del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 2 obliga a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia de incoar expediente disciplinario al referido director del Instituto de Medicina Legal tinerfeño por su actuación. a la par que recuerdan que ya el Consejo General del Poder Judicial acordó amparar institucionalmente a una jueza de Arona ante las descalificaciones personales sufridas por parte de Vega en un hecho inaudito en la Justicia española.  

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