Las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades acerca del llamado caso Tradex, un escándalo que asombra a la opinión pública canaria en general y a la de la capital tinerfeña en particular desde que se tuvo conocimiento del mismo el pasado verano, confirma que las previsiones sobre la gravedad de los hechos no eran fruto de meras especulaciones, a tal punto que ya son, al menos, 136 los afectados que han reclamado ante la Justicia que se les devuelva los ahorros que invirtieron en lo que resultó ser un mero chiringuito financiero, dado que ni siquiera se tomaron la molestia de inscribir la empresa como tal.
Así se recoge en los autos dictados el pasado viernes por el Juzgado de Instrucción Número 3 de Santa Cruz de Tenerife, donde se desvela que son “más de 136” los personados como perjudicados en esta causa, así como que el total del dinero que reclaman se acerca a los 2,8 millones de euros.
Las cifras son llamativos, por cuanto desde el bufete local Sirvent&Granados, que representa legalmente a una Plataforma de Afectados con unos 80 inscritos, detallaron hace unos días a DIARIO DE AVISOS que su estimación sobre las reclamaciones sumaban aproximadamente unos dos millones de euros, a sabiendas de que no pocos de los que han visto sus inversiones volatizadas en este chiringuito no recurren a los juzgados al no poder acreditar el origen legal de lo que ahora han perdido.
En estos autos -consecuencia de la información aportada por los especialistas de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional- “queda indiciariamente acreditado que en la presente causa se investiga un presunto delito continuado y agravado de estafa y un presunto delito de blanqueo de capitales, donde hay más de 136 perjudicados, con más de 2.722.500 euros defraudados”.
Como ya adelantó este periódico, ahora también se sabe que el considerado como el número dos de la trama, Imobach P.A., transfirió miles de euros a cuentas de entidades radicadas en el extranjero días después de que el principal responsable de la misma. Mukesh D., huyera de España en cuanto empezaron las reclamaciones para que devolviera el dinero, pese a que Imobach había presentado denuncia como perjudicado unos días antes de dichas tranferencias. Por ello, el juzgado ha embargado cinco cuentas en Lituania, Malta, Reino Unido (dos) y las Islas Seychelles.
Dichas cuentas están a nombre de los tres investigados por esta causa, ya a título individual o compartido, y que son Mukesh D. (que tras huir a Dubai fue extraditado y ahora está en privisión provisional), el también citado Imobach P.A. y la pareja sentimental de Mukesh, Cecilia R.H.P, de quien la jueza sostiene que “existen indicios de la presunta participación de Cecilia “en el plan diseñado por Mukesh para huir al extranjero y llevarse con él todo el dinero aportado por sus inversores y que Cecilia era parte del mismo, siendo conocedora de dicha trama”.
Resta recordar que, para captar clientes, Mukesh, un canario de familia pudiente nacido y criado en la capital, se paseaba con un Ferrari e invitaba a champán en los locales de moda mientras prometía rendimientos de entre el 30 y el 50%. O sea, duros a cuatro pesetas.
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