La tramitación para implantar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en Santa Cruz de Tenerife sigue adelante. La Justicia ha desestimado los recursos presentados por el grupo municipal Vox, que sostenía que un “proyecto de obras” no podía imponer restricciones de tráfico ni definir el perímetro de actuación, y también el defendido por la asociación de vecinos El Perenquén, que impugnó la adjudicación, por parte del Ayuntamiento capitalino, del contrato -por más 1,4 millones de euros- para la puesta en funcionamiento.
El Tribunal de Instancia (Sección Contencioso-Administrativo nº 3) de Santa Cruz de Tenerife ha avalado ahora la actuación llevada a cabo por el Consistorio en ambas actuaciones vinculadas a la implantación de la ZBE, cuya ordenanza, además, ha sido aprobada de manera inicial por la Junta de Gobierno local y se encuentra en espera de su ratificación definitiva en verano, estimándose su puesta en marcha en 2029.
Respecto al primer recurso presentado por Vox, este se basaba en el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno el 10 de junio de 2024, en el que se aprobó el proyecto de Zona de Bajas Emisiones de Santa Cruz de Tenerife. El grupo municipal sostenía que el Ayuntamiento había aprobado una ZBE mediante un “proyecto de obras” sin contar previamente con una ordenanza municipal que delimitara y regulara jurídicamente la ZBE, por lo que no podía imponer restricciones de tráfico ni definir el perímetro de actuación, lo que a su juicio vulneraba el procedimiento legal y solicitaba la nulidad del acto impugnado.
Los argumentos de Vox han sido rechazados por la magistrada, Cristina Escamilla, que consideró que el proyecto aprobado por el Consistorio es “un documento inicial de la ordenanza, imprescindible dentro del trámite para su redacción”, por lo que avala los pasos seguidos por el Ayuntamiento chicharrero para elaborar dicha ordenanza, una vez aprobó el Plan de Movilidad, elaboró y ratificó el proyecto, y finalmente desarrolló la ordenanza de Tráfico, inicialmente aprobada. El fallo, por tanto, desestima en su totalidad el recurso interpuesto por la formación y la condena en costas por un máximo de 1.500 euros.
Pierden los vecinos
En cuanto al recurso de El Perenquén en contra del acuerdo de Junta de Gobierno de 28 de abril de 2025, en el que se destinaba 1,4 millones a contratar el suministro (cámaras, sensores para medir la calidad del aire y el ruido y la plataforma informática) para la puesta en marcha de la ZBE sin existir una ordenanza específica, el juez Roi López también ha fallado a favor del Consistorio, al señalar que “no concurren razones que justifiquen apartarse de la regla general establecida en dicho precepto legal” para la tramitación del procedimiento.
Asimismo, añadió que la falta de una ordenanza (ya aprobada) no constituye causa de nulidad de la adjudicación, pues esta se estaba tramitando y ya existía un plan de movilidad y un proyecto de la ZBE. Con ello, desestima el recurso y condena en costas a los demandantes. En ambos fallos, los recurrentes podrán presentar apelaciones a las respectivas sentencias.
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