El exalcalde de Puerto de la Cruz Lope Afonso regresó hace un año a la actividad política como coordinador general del PP de Tenerife (llegó a ser el número dos regional), tras haber sido anulada la condena por el caso Mercadillos. Ahora, cuando vuelve a encabezar la candidatura al Cabildo, un fantasma de una empresa municipal, en relación a la contratación de un trabajador, llama a su puerta. No se esconde. “Es una inmensa satisfacción y una gran responsabilidad”, exclamó en marzo de 2022. “El camino para llegar hasta aquí no ha sido sencillo, porque he transitado por un momento personal desagradable”. Regresó a “un partido que es la alternativa en la que muchos ciudadanos ven reflejadas sus aspiraciones de cambio, prosperidad y bienestar”. Licenciado en Derecho por la ULL, diplomado en la Escuela de Práctica Jurídica de Santa Cruz de Tenerife, con un posgrado en Contratación Pública y de padre comerciante, el negocio familiar fue su primera experiencia laboral. Cofundó el bufete RGA Abogados.
-¿Cuál es el estado de la isla de Tenerife?
“Yo haría un símil con el gran problema que tiene Tenerife a día de hoy. Diría que, en general, la gestión de Tenerife está colapsada. No solamente en el ámbito del tráfico rodado, sino en otros tan importantes como el social o sociosanitario. Se evidencia que no hay liderazgo del Cabildo en proyectos estratégicos. Hay problemas de gestión ambiental, tanto con los vertidos en mar como en tierra”.
-Ante ese panorama, ¿qué hace el equipo de gobierno?
“Está buscando como sea vías de escape para ocultar esa realidad. Un artificio es la propuesta a la Universidad de La Laguna para resolver de una forma pintoresca el problema de las colas. La rectora y los decanos de varios centros rechazan una medida que a mí me parece una salida de tono, un planteamiento reprobable. No desecho la opción de flexibilizar los horarios, que vale la pena estudiar, pero no se puede hacer con el órdago de una financiación: veinte millones de euros en dos anualidades. ¡A las puertas de las elecciones! En definitiva, una solución en tiempo de descuento”.
-¿Por dónde se mueve PP en este escenario?
“Hemos propuesto el cierre efectivo del anillo insular. No se completaría con el tramo entre Icod de los Vinos y San Juan de la Rambla. Para que sea completo se tiene que abordar el proyecto, que aún no se ha comenzado a redactar, entre San Juan de la Rambla y Los Realejos, donde finaliza la TF-5. Cuando se ponga un funcionamiento el tramo entre Santiago y El Tanque, presumiblemente en 2024, se incrementará la demanda de desplazamientos por ese lado. Corremos el riesgo de desviar el punto de congestión”.
-¿Y en el área metropolitana?
“También hay que confeccionar el proyecto del trayecto que debe discurrir entre La Laguna, El Rosario y el término municipal de Santa Cruz. Aunque la vía exterior podría aflojar el nudo de tráfico que se ha generado, eso no será suficiente”.
-¿Qué soluciones cabrían a corto plazo?
“Desde el comienzo de este mandado hemos pedido al Gobierno insular que incentivara el transporte público -esencialmente, en guagua-, de manera que sea gratuito para los usuarios recurrentes de la autopista: estudiantes, pacientes de los hospitales de referencia -en tanto no se complete la cartera de servicios de los del norte y el sur-, funcionarios o trabajadores de empresas de la zona”.
-¿Para cuándo la definitiva?
“Cuando Tenerife se dote del transporte colectivo guiado”.
-Los trenes…
“Sí. El Partido Popular consiguió que se pusiera en los Presupuestos de este año una gran cantidad para los proyectos de los trenes del sur y del norte. Hasta entonces se negaban a hablar; primero, por la presión externa del apoyo de Podemos y, por último, escudándose en el plan insular de movilidad sostenible. Ese documento se aprobó a finales del pasado mandato, a instancias del PP, y todavía no se ha entregado”.
-En enero hubo una visita exploratoria a los talleres del fabricante Alstom en Alemania…
“Por lo que leí, Román Rodríguez [vicepresidente autonómico], Sebastián Franquis [consejero de Transportes], Enrique Arriaga y su homólogo de Gran Canaria [Miguel Ángel Pérez] hicieron un viaje bastante enriquecedor. Me gustaría saber qué conclusiones sacaron y qué gestiones se han realizado para captar la financiación comunitaria”.
-¿Hay motivos para el nerviosismo en el Palacio Insular?
“Yo creo que muchos. Lamentablemente, en el plano de la gestión hay problemas como los que he mencionado. A ello añadimos la sombra de la sospecha. Las informaciones que se han ido publicando y las declaraciones del famoso mediador [Antonio Navarro Tacoronte] arrojan elementos de duda sobre la gestión en la institución, que se han de resolver y aclarar con total transparencia y determinación. A mí, particularmente, no me gusta la teatralización de la política. Que en las contrataciones del área de Deportes no se haya detectado ninguna irregularidad me tranquiliza. Sin embargo, quedan cuestiones en las que habría intervenido el director insular [Ángel Pérez Peña, que dimitió en enero] que están por dilucidar, al igual que el papel del presidente [Pedro Martín] en esa relación. No pongo acusación alguna por delante, que conste. Y reivindico la presunción de inocencia. Eso sí, Tenerife merece unas explicaciones convincentes. Confiemos en que la comisión de investigación aporte luz a las sombras”.
-¿A qué desafíos se enfrentan los retos de esta candidatura?
“Los desafíos son equivalentes a los problemas históricos de Tenerife”.
-¿La movilidad es una rotonda?
“Afecta a muchas otras actividades: la del turismo, la industrial, el empleo, compromete la productividad por los retrasos constantes, la logística…”.
-¿Una circunvalación de inconvenientes?
“Lo del saneamiento es grave. Hemos conseguido añadir financiación en los Presupuestos para que determinadas infraestructuras municipales puedan mejorar el problema casi generalizado de los vertidos irregulares, en la isla que más tiene detectados en el censo oficial que publica cada año el Gobierno de Canarias. Es verdad que se ha avanzado, pero luego se da la paradoja de que se planifican y ejecutan estaciones depuradoras en comarcas para las que no hay conexión municipal. Los vertidos en tierra por la posible mala praxis en la gestión del complejo ambiental de Arico han sido el corolario a una serie de situaciones que no se han sabido resolver en este mandato. Si hablamos de vivienda, ahí hay otro fracaso”.
-¿Cómo se expresa?
“No se ha potenciado, ni el ámbito insular ni en el regional, la gestión del parque de viviendas para hacer política social con ella. Además, la dinámica del mercado ha contribuido a encarecer los precios. Hemos planteado que el Cabildo se dote de una estrategia para impulsar, a través del incremento de la oferta, la accesibilidad a la vivienda y contribuir de esa manera a la autorregulación del mercado inmobiliario. En paralelo, hay unos problemas de emergencia social muy graves, con bolsas de pobreza importantes. A veces nos enfocamos en las grandes infraestructuras, que son necesarias, y no tanto en las personas”.
-¿Y con los mayores qué?
“Desde luego, abordar su situación con la dignidad y la consideración que corresponde. Tener una idea diferente sobre los programas de apoyo no justifica que se supriman. Nosotros veíamos bien algunos contenidos de Ansina, no determinadas actitudes. Transcurridos tres años, muchos mayores siguen huérfanos de esta herramienta, más allá de las subvenciones a los ayuntamientos”.
-El municipalismo está en el ADN del PP canario. ¿Conciben el Cabildo como una mancomunidad de intereses?
“Creo que sí. Está en su naturaleza jurídica, con obligaciones concretas respecto a los municipios. Es una buena figura como criterio inspirador. No para tutelar, sino respaldar y vertebrar”.
-Independientemente de la tendencia política de cada institución, ¿no?
“Esa es la base. Por eso no entendemos que se haya optado por buscar la conflictividad con determinados municipios, incluso con el ánimo de saldar viejas cuitas políticas. Nuestro presidente autonómico y candidato al Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, lo vivió en carne propia como alcalde de Los Realejos”.
-¿Se ha instrumentalizado la justicia para perjudicar a algún representante político?
“En mi caso, el juez instructor dictó un auto de reapertura del procedimiento. Está impugnado. Como profesional del derecho, no alcanzo a comprender cuál es mi papel en el asunto que se intentó dirimir en su día. La primera investigación descartó cualquier implicación mía más allá de la condición de presidente de la sociedad municipal Pamarsa [como alcalde de Puerto de la Cruz], que firma de los contratos de los trabajadores. En fin, no he vuelto para contribuir a subir los decibelios de ruido”.
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