Los trabajadores del Hogar Santa Rita, en el Puerto de la Cruz, decidirán el lunes si finalmente inician una huelga para protestar por la incertidumbre que viven desde hace un año respecto al retraso en el cobro de sus salarios.
Pese a que este mes percibieron la nómina correspondiente a marzo en tiempo y forma, no tienen ninguna garantía de que la situación cambie y temen que el próximo se repita la demora, con los perjuicios que acarrea para los 450 empleados del centro.
En la última reunión mantenida entre una representación del Patronato de la Dirección de la Fundación Hogar Santa Rita y el comité de empresa para abordar el tema de los salarios, los responsables del centro “se negaron a proporcionar la documentación de la póliza que se había negociado con las entidades bancarias para garantizar el pago de los sueldos”, asegura a este periódico el responsable del sector sociosanitario y sanidad de Comisiones Obreras, Alexis Rodríguez. “Se escudaron en la ley de protección de datos y nos dijeron que no nos podían dar esa información, pese a que el comité de empresa tiene derecho a conocerla para poder negociar”, añade el representante sindical.
Por todo ello, y teniendo en cuenta la inestabilidad que soporta desde hace un año, el personal volverá a concentrarse el lunes entre las 14.00 y las 15.00 horas en las puertas del centro, sito en el número 27 de la Carretera las Dehesas.
El motivo de la convocatoria es protestar por la gestión de la dirección, continuar con las reivindicaciones del personal en materia de garantía de pago de los salarios en tiempo y forma, y denunciar “la incapacidad manifiesta” del gerente, Tomás Villar, tanto en la gestión de la Fundación como en la interlocución con la representación de los trabajadores, al que se le reprochan “actitudes que obstruyen cualquier posibilidad de negociación por mantener secuestrada la información y justificación de los problemas por los que pasa esta fundación”.
El comité de empresa subraya que “este conflicto va más allá, porque en el centro hay 510 residentes a los que hay que darles una atención adecuada”. Por lo tanto, “en consecuencia con nuestro compromiso profesional, denunciamos la pasividad del Gobierno canario y el Cabildo de Tenerife para garantizar su buen funcionamiento”.
