santa cruz de tenerife

Los dentistas acusan a Carlos Tarife de discriminarlos en la gestión de residuos

Según la presidenta del Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife, Concepción León, las consultas dentales ya asumen la recogida selectiva de los residuos sanitarios a través de empresas autorizadas, y ahora se les ha sumado una nueva obligación
Los dentistas acusan a Carlos Tarife de discriminarlos en la gestión de residuos

El Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife ha acusado al concejal de Sostenibilidad Ambiental y Servicios Públicos, Carlos Tarife, de discriminar a la red privada de dentistas al aplicar la ordenanza de residuos al negar, en su opinión, que se depositen contenedores para este fin cerca de las consultas.

En un comunicado los dentistas señalan que la ordenanza de gestión de residuos y limpieza de espacios públicos determina que son las personas productoras de residuos sanitarios no específicos las que deben entregarlos a una entidad gestora autorizada y que, en ningún caso, se depositarán en contenedores o sistemas alternativos de depósitos establecidos por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en la vía pública.

Sin embargo, el Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife ha comprobado que, al menos cinco centros de salud de la capital, cuentan con contenedores colocados en la calle para este tipo de residuos y de uso exclusivo, autorizados por el Ayuntamiento de la capital tinerfeña.

La corporación se ha negado, en cambio, a autorizar a las empresas gestoras privadas a que coloquen en determinados puntos este tipo de contenedores para que los dentistas puedan depositar estos residuos. por lo que la entidad colegial considera que la corporación local mantiene una actitud arbitraria.

Según la presidenta del Colegio de Dentistas de Santa Cruz de Tenerife, Concepción León, las consultas dentales ya asumen la recogida selectiva de los residuos sanitarios a través de empresas autorizadas, y ahora se les ha sumado una nueva obligación con residuos que podrían ser asimilables a domésticos con el consiguiente aumento de costes que esto genera.

“No entendemos la negativa del Ayuntamiento ni la falta de soluciones viables para un colectivo que está cumpliendo con todas sus obligaciones legales”, añade. 

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