Las universidades canarias dicen que obligar a las empresas a dar de alta “puede dejar a los alumnos sin prácticas”

Las universidades de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y La Laguna (ULL) han advertido este lunes de que la obligatoriedad de dar de alta en la Seguridad Social a partir del 1 de octubre a los estudiantes que realicen prácticas formativas puede disuadir a las empresas y entidades públicas que colaboran en sus programas de seguir acogiéndolos.

“Tanto la ULPGC como la ULL, como el resto de las universidades españolas, rechazan esta medida, ya que no ofrece una mejora sustancial en la protección del estudiantado en prácticas y, sin embargo, resulta un elemento de disuasión para que las empresas y entidades públicas acojan estudiantes”, asegura las dos universidades públicas de Canarias, en un comunicado conunto.

Y alertan de que, “de hecho, muchas entidades, tanto privadas como públicas, han notificado a ambas universidades que no están en condiciones de asumir” ese alta en la Seguridad Social, lo que “unido al tejido empresarial limitado de esta comunidad, con una fuerte tendencia al sector turístico, hace muy complicado buscar entidades colaboradoras adicionales”.

La ULPGC y la ULL recalcan que las prácticas externas suponen “un instrumento muy valioso en la calidad formativa” de sus estudiantes, a los que ofrecen “su primera toma de contacto con el mundo profesional y aportan un factor importantísimo en su inserción laboral.

“Habría que hacer todo lo posible por mantener el modelo actual y garantizar una oferta de plazas razonable y de calidad en entidades. Si esta medida es llevada a su implementación, la oferta de prácticas externas disponible para el estudiantado sería drásticamente reducida, afectando en gran medida a la calidad de su formación”, añaden.

Recuerdan, asimismo, que para obtener los títulos oficiales de grado, máster y doctorado en Canarias, los alumnos deben conseguir al menos 12 créditos en prácticas externas.

“Por tanto, ante la situación de que las entidades no asuman las obligaciones con la Seguridad Social, las universidades tendrían que atender las obligaciones de alta, baja y cotización, para que su estudiantado pueda realizar las prácticas formativas con garantías suficientes, con el consecuente incremento de costes y, sobre todo, en recursos humanos destinados acometer la elevada carga burocrática”, argumentan.