Casi 10 millones de euros es la cantidad a la que se enfrenta el Ayuntamiento de Icod de los Vinos al inicio de este mandato. Así lo ratificó ayer el alcalde del municipio, Javier Sierra, de Alternativa Icodense, en su primera rueda de prensa para dar a conocer lo que ha encontrado el nuevo equipo de gobierno “en la casa de todos los icodenses”.
Según los informes de Intervención, esta cantidad se correspondería con facturas no abonadas hasta el momento, algunas con registro pero sin ningún tipo de tramitación y el Plan de Pago a Proveedores por más de tres millones, tal y como adelantó DIARIO DE AVISOS. “Eso significa un alto porcentaje del total del presupuesto municipal para este 2023”, señaló el mandatario, y que el nuevo gobierno deberá abonar con un tipo de interés alto debido a que no se hizo la operación de préstamo y el plan de ajuste previsto.
Ello supondrá, por un lado, que el Ayuntamiento tendrá fiscalizadas sus cuentas por el Ministerio de Hacienda y no se podrá aprobar un presupuesto de forma autónoma hasta que no se concrete ese plan de pago a proveedores.
Por otro, que se mermará el remanente de tesorería, que en 2019 ascendía a 18 millones de euros y en la actualidad, cuando se recargue el importe correspondiente a la deuda, quedará en menos de tres millones. “La solución más rápida que hemos podido encontrar es echar mano de los remanentes de tesorería”, ya que de otra manera se podría entrar “en una situación de no retorno en la que no sería posible afrontar el mandato”.
En un ejercicio de transparencia, Sierra subrayó que es necesario “regularizar este grave problema, en el que se han visto afectadas muchas personas, por responsabilidad y por transparencia” pero sin mermar los servicios que se prestan a los vecinos, y para ello, junto a los técnicos, “se trabaja intensamente para aclarar cómo se ha llegado a este punto y solventar este grave inconveniente para el municipio lo antes posible”.
Por otro lado, el mandatario de Alternativa Icodense hizo alusión al alto número de contratos caducados como los relacionados con el área de Acción Social, como los de Dismonorte; teleasistencia; ayuda a domicilio; alquiler de hogar de menores; de locales de Afes Salud Mental; comedor del centro ocupacional; o el de extintores del Ayuntamiento; de seguros de los vehículos, entre ellos, de la Policía Local; mantenimiento de jardines y de electricidad. “Ya estamos manos a la obra para ir solucionando su continuidad debido al parón que puede suponer el vencimiento de los mismos”, declaró.
Sierra también dio cuenta del trabajo realizado por su Gobierno en estos primeros 20 días de gestión al frente de la Corporación, como el reinicio del proyecto de la playa de San Marcos o del Centro Integrado de Formación, ambos en peligro de perderlos por su bloqueo; el haber sacado de urgencia la prórroga del contrato de mantenimiento de la depuradora de agua, y solucionar el problema del suministro de productos de ferretería. Asimismo, se han eliminado las vallas publicitarias ubicadas junto al Juzgado debido a que carecían de informe de Patrimonio, y se trabaja en la rehabilitación del mercado, el Pabellón Municipal, locales de la playa de San Marcos, redacción de convenios con empresas públicas, y redacción de pliegos de contratación inexistentes como el del 010, Sonido e Iluminación, guaguas, escenarios, y dinamización comercial.
Respecto a si el Gobierno municipal tomará medidas judiciales ante esta situación, aseguró que ya se ha remitido a Fiscalía algunos trámites y gestiones encontradas y será esta institución quien deba pronunciarse y en base a ello se derivarán las acciones pertinentes siempre con la atención jurídica de la secretaria municipal.
