La deshumanización de buena parte de la Administración pública con la población más vulnerable hace que su inacción cause un daño que para muchos es dramático. En la jornada del pasado jueves, Jennifer de la Rosa, la madre de Hugo, el joven de 16 años que quedó tetrapléjico tras sufrir un desgraciado accidente al zambullirse en una zona poco profunda en el Puertito de Güímar, se tuvo que encadenar en las oficinas de Visocan en protesta por los cuatro meses de demora que ha esperado para recibir las llaves de una vivienda adaptada que necesita urgentemente.
El Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), en colaboración y coordinación con la empresa pública Visocan, se comprometió el 9 de febrero a cederle una vivienda adaptada provisional en una promoción pública en la zona de Los Andenes, hasta que la citada entidad le asigne una vivienda definitiva de su parque público en Santa Cruz de Tenerife.
Tras los dos primeros meses iniciales, la demora se fue alargando incomprensiblemente, con incumplimientos continuos de la fecha de entrega de las llaves desde el 8 de abril, engaños que derivaron en que Jennifer de la Rosa dijera “¡basta!” y se plantara en la sede de Visocan y, ante la sorpresa de sus trabajadores, se encadenara en uno de los pilares de las oficinas hasta que no resolvieran satisfactoriamente su petición. “¡Aquí voy a estar hasta que me den las llaves!”, señaló a las empleadas de Visocan. Horas más tarde, la madre conseguía su propósito y le entregaban las llaves de su vivienda provisional.
El joven ya ha recibido el alta médica del Hospital Insular y la familia no quiere seguir esperando que esté ingresado en el centro hospitalario grancanario hasta que se resuelva la situación, sino regresar a Tenerife. “El hospital no es lugar adecuado donde mi hijo pueda vivir ni desarrollar una vida normal”, destacó Jennifer de la Rosa, más si cabe cuando ve el caso de Miguel Planas, el joven de 31 años que quedó tetrapléjico por un accidente hace cuatro años y que todavía está en el Hospital Insular porque su casa no está adaptada.
Tras muchas dilaciones por parte de la Administración regional y la local, porque había que realizar una obra menor: ampliar una puerta de la vivienda que estaba adaptada, De la Rosa se hartó de esperas y se plantó en Visocan para que le dieran las llaves. “Ya con las llaves en mano me fui al Hospital a ver a mi hijo, que ya estaba arropado con la manta para dormir y se las enseñé, y le llevó una gran alegría y me dijo: ¡menos mal!”, resaltó esta madre tinerfeña.
Ayer, fue un día ajetreado para Jennifer de la Rosa, que tuvo que coger un avión de Gran Canaria con destino a Tenerife para firmar el contrato en Visocan y recorrer urgentemente las diferentes oficinas de atención al público: “Para que me dieran de alta los suministros básicos de agua y electricidad y así poder entrar a habitar esa vivienda lo antes posible”. “Es que si no lo hago yo nos tienen otro mes más esperando”, apostilló.
Además, si no hay suministros, el Área de Urbanismo del Ayuntamiento no tramita la célula de habitabilidad. “Mi paciencia tuvo un limite, el ver que mi hijo tenía el alta y no podía volver a Tenerife porque no tenía donde vivir adecuadamente”, apuntó, para reconocer que la situación “esta afectando a Hugo”. “Veía que se me estaba viniendo otra vez abajo”, añadió.
Ahora tanto Hugo como su Jennifer regresan a Tenerife, donde serán arropados por el resto de familiares y amigos. El joven comenzará un tratamiento y terapia de rehabilitación para intentar mejorar sus capacidades tras la pérdida motora y sensorial, intentando que pueda lograr avances que permitan mejorar su calidad de vida en la medida de sus posibilidades.
La lucha de esta madre coraje y de activistas como Lolo Dorta
Se va a cumplir un año del accidente que le cambió la vida a Hugo, el joven de El Sobradillo que salió con unos amigos a darse un baño al Puertito de Güímar. Ese 13 de julio de 2022, lo que iba a ser una tarde alegre se convirtió en el inicio de una pesadilla. Fue trasladado a la Unidad de Lesiones Medulares del Hospital Insular de Gran Canaria, resultando con una minusvalía del 93%, pasó por altibajos físicos y psicológicos, incluso pidió la eutanasia en octubre. La inquietud y lucha de Jennifer de la Rosa, teniendo como valioso aliado al inolvidable activista social Lolo Dorta, hizo que logran que Icavi y Visocan se comprometieran a darles una vivienda.
