Quien fuera director de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, Rafael Fariña, fue claro desde el principio con respecto a lo que sucedería en la ciudad ilegal de Lomo Negro, en El Fraile (Arona), denunciada por este periódico: “Estos terrenos están condenados a no poder reclasificarse como urbanos por el Ayuntamiento durante al menos 20 años, pues la Ley del Suelo de Canarias establece que los instrumentos de planteamiento urbanístico no podrán reclasificar terrenos que, siendo rústicos, hayan sufrido un proceso irregular de parcelación urbanística mientras no haya transcurrido dicho plazo”.
Exactamente, eso es Lomo Negro, la ciudad ilegal que ha crecido desaforadamente en los últimos ocho años, entre 2015 y 2023. Un enorme suelo rústico de protección agrícola que se ha ido vendiendo por parcelas en conocidos portales inmobiliarios para la construcción o colocación de viviendas, algo que está prohibido, y muy perseguido, legalmente. Incluyendo penas de cárcel.
A la búsqueda de una “salida” legal
El último episodio de esta saga han sido las declaraciones realizadas por promotores de la parcelación al digital de la Comarca “Sol del Sur”, en las que admiten, no solo que se han cometido ilegalidades, sino que habrá que demoler decenas de viviendas, al tiempo que aseguran que tratarán de que el Ayuntamiento de Arona busque soluciones que permitan legalizar lo que, probablemente, no tiene salida posible.
En Lomo Negro viven, según las declaraciones realizadas por este promotor, cuyas explicaciones reproduce “Sol del Sur”, al menos millar de personas. De ellas, según publicó DIARIO DE AVISOS, unas docientas habrían logrado empadronarse. Todo ello cuando ya se han levantado más de un centenar de estructuras o viviendas de todo tipo.
Las parcelas ilegales se han ido vendiendo a un precio que se encuentra en torno a los 29.000 euros.
Sin embargo, la realidad de este caso es que, la urbanización ilegal fue objeto de una acción del Seprona de la Guardia Civil y de una denuncia de la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural que, finalmente, terminó con la Fiscalía abriendo una investigación al respecto.
Y, a pesar de todo ello, las parcelas se siguieron vendiendo en internet. Es decir, que la operación de Lomo Negro no careció de avisos para los promotores acerca de su presunta ilegalidad.
“Muchas casas será demolidas”
En el artículo de este digital comarcal, el promotor de la parcelación asegura que “muchas de las casas tendrán que ser demolidas”, al tiempo que admite que “hemos hecho algo malo; eso es innegable. No se puede parcelar en rústico” y defiende que el Ayuntamiento de Arona y los propietarios lleguen a un acuerdo, todo ello bajo el argumento de que “hay familias que han hecho un gran esfuerzo y no se merecen que les quiten sus casitas”. “Casitas”, todas ellas, levantadas en el suelo que esos mismos promotores les vendieron a través de anuncios que se mantuvieron, incluso, después de que el asunto hubiera salido a la luz.
Si bien es innegable que muchas de esas familias, las principales víctimas, habrían invertido ahorros en estas viviendas, también lo es que el beneficio económico para los parceladores podría ascender a muchos cientos de miles de euros e, incluso, a millones, lo cual será un asunto que deberá dilucidar la justicia.
Viviendas, locales y alquileres vacacionales
La zona cuenta con viviendas, fijas y removibles, vecinos, locales comerciales, naves industriales y hasta terrenos para celebraciones, mientras los vecinos aspiran a una legalización más que complicada, por no hablar de que muchas de las viviendas que allí se ubican están destinadas al alquiler vacacional.
La Agencia de Protección del Medio, con respecto a los parceladores, explicó que “son, en su mayoría, empresas creadas al efecto que venden parcelas en suelo rústico de protección agrícola, segregadas ilegalmente, y que llegan a violar los precintos practicados por la Administración, de modo que incumplen las órdenes de restablecimiento dictadas y firmes en vía administrativa”, lo cual añade aún más gravedad al asunto, en lo que se refiere a violar, además, un precinto practicado por las autoridades.
El modus operandi que ha hecho posible el crecimiento de esta ciudad ilegal no es complicado: las fincas han sido segregadas en propiedades de 10.000 metros cuadrados, el máximo que permite la ley, y a los compradores se les hacen partícipes de un porcentaje de la propiedad de la finca. Esto en lo que se refiere a lo notarial y registral.
¿Las posibilidades de legalización? La prescripción de las infracciones, teniendo en cuenta que, en el momento de iniciarse un expediente administrativo se paraliza el tiempo para que esta se produzca, o bien vía Plan General.
