EFE/Diario de Avisos. El consejero regional de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, Poli Suárez, anunció ayer que sólo la mitad de los 1.196 nuevos alumnos matriculados en el primer ciclo de Educación Infantil podrá empezar el curso escolar 2023-24 entre este mes de septiembre y el próximo enero, mientras que la otra parte no lo hará.
La incorporación de estos estudiantes de entre cero y tres años se producirá a medida que culminen unas obras que, criticó, dejó sin licitar el Gobierno canario anterior, lo que impedirá incorporarse a las aulas a la otra mitad de este colectivo, ya que las actuaciones en los centros que han de acogerlos pueden culminar en junio de 2024, han precisado a Efe fuentes de la consejería.
Sobre el conflicto suscitado en torno a este nivel educativo, que comenzó a ofertar de forma piloto, con 597 plazas que sí están aseguradas, el Ejecutivo presidido por Ángel Víctor Torres, Poli Suárez recriminó a sus antecesores que dejaran sin culminar varios trámites administrativos necesarios para poder empezar las obras en los centros que comenzarán a impartir estas enseñanzas. “El anterior Gobierno no hizo los deberes como tenía que hacerlo y nos hemos encontrado con este problema”, se quejó en el marco de la festividad de la patrona de Gran Canaria, la Virgen del Pino. “No se trabajó en condiciones, no se organizó para que todos estos niños puedan empezar sus clases el 11 de septiembre”, apostilló.
El consejero de Educación declaró que su departamento lleva “mes y medio haciendo todo lo posible para no dejar en la calle a estos 1.196 niños” y sigue en la búsqueda de soluciones. Por ello, pidió a las familias que entiendan la situación que ha encontrado a su llegada a la Consejería, “que confíen y tengan un poquito más de paciencia”, sabiendo que ya se han organizado porque los niños han sido matriculados sin que algunas de las obras que se precisan “estén ni siquiera licitadas”.
Suárez recalcó que “se está buscando la mejor solución posible para no dejar a estos niños en la calle”, que comunicará en las “próximas horas y días”. El presidente autonómico, Fernando Clavijo, resaltó la importancia de contar con aulas acondicionadas adecuadamente para la enseñanza y el cuidado de niños tan pequeños. Al respecto, el sindicato ANPE Canarias lamenta la “falta de previsión” que, a su juicio, ha existido a la hora de implantar el primer ciclo de infantil, la educación de 0 a 3 años, y pide a la Consejería de Educación que aborde “cuanto antes” las principales necesidades del Archipiélago. La organización censura que casi la mitad de las aulas que se iban a incorporar en 2023-24 en el primer ciclo de Infantil finalmente no lo vayan a hacer, “a pesar de contar con profesorado contratado y con el alumnado matriculado”. En este sentido, insta a planificar el próximo año lectivo, con el fin de que las obras se vayan licitando con el tiempo suficiente.
Además, ANPE fija el aumento de la financiación hasta alcanzar el mínimo legal del 5% del PIB y la continuación del descenso de las ratios alumnado-docente “como objetivos primordiales”. El presidente de ANPE Canarias, Pedro Crespo, también menciona la reclamación de que se concrete “el desarrollo de los procesos de estabilización en marcha, comenzar a solucionar los problemas que generan las aplicaciones informáticas y aligerar la carga de tareas administrativas que recae sobre el profesorado”. Los procedimientos de estabilización del personal interino también preocupan al sindicato. Para ANPE, es fundamental que la Administración consensúe tanto las fechas de publicación de la baremación del concurso de méritos como las de las pruebas del concurso-oposición”.
En este escenario, la Confederación Regional de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado de Canarias (Confapa Canarias) urge una alternativa para atender a los alumnos de Educación Infantil de 2 años que no podrá iniciar el curso con normalidad. Arguye que esas infraestructuras están previstas en la planificación de la propia Consejería de Educación, por lo que solicita que se articule una respuesta a las familias que se han visto afectadas, “especialmente a las madres que contaban con la escolarización de sus hijos e hijas para incorporarse al mercado laboral”. Denuncia se haya informado a los equipos directivos de los centros afectados y no a las familias, “pese al compromiso de mantener una vía de comunicación fluida”.
