Daños a la imagen de los destinos turísticos del sur de Tenerife, refuerzo a organizaciones ilegales de importación de productos falsos, explotación laboral de los manteros, destrucción de empleo y competencia desleal. Estas son algunas de las consecuencias de la venta ambulante de productos falsificados, que ha ido proliferando en el litoral de la comarca, principalmente en los municipios de Arona y Adeje, en espacios como Playa de las Américas.
Estas son algunas de las cuestiones planteadas por el Círculo de Empresarios del Sur de Tenerife (CEST) a la Guardia Civil en una reunión que se hizo pública ayer y que se produce después de poner en conocimiento de las autoridades la situación de la venta ambulante en el Sur, tal y como ha denunciado este periódico, haciéndose eco de las denuncias de los propios comerciantes, así como de diferentes asociaciones.
Anteriormente, el CEST envió sendas cartas tanto a los ayuntamientos de Arona y Adeje, así como a la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, de lo cual se han derivado algunas operaciones contra la venta ambulante y productos falsos de diferentes, y conocidas, marcas. A esto se suma el aumento de actividades ilegales en el espacio público, como los kioscos ilegales de venta de excursiones sin ningún tipo de permiso, que fueron retirados por el Ayuntamiento de Arona. El CEST hizo pública ayer su reunión con el comandante jefe de la Guardia Civil de Playa de Las Américas, Leonardo Rey Rodríguez, y el teniente Ricardo Marrero Fumero, en la que trasladaron “las inquietudes del empresariado y de la sociedad de la comarca. Es importante que todos estemos alineados”, agregó esta organización.
Para esta entidad, “el incremento de organizaciones delictivas, la importación y venta de productos falsificados, la explotación laboral, la destrucción de empleo, el daño a la imagen turística y la competencia desleal a las empresas que sí cumplen con la ley son solo algunas de las consecuencias de la venta de productos falsificados que prolifera en el Sur”. “Una actividad ilegal -agrega el Círculo- que se viene denunciando desde hace años y ha llevado el CEST a solicitar a la Delegación del Gobierno en Canarias que se investigue a fondo”.
