El grupo de Gobierno de Tacoronte ha sacado pecho por su gestión económica durante el balance realizado de los primeros cuatro meses de mandato. La elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT); el plan de subvenciones por más de un millón de euros, que serán repartidos entre 76 entidades, asociaciones y deportistas federados; el pago a proveedores cancelando deudas por más de cuatro millones de euros, y la dotación presupuestaria de más de seis millones para mejorar servicios municipales, como el abastecimiento de agua potable, luz y limpieza viaria, son algunos de los “logros” señalados por el Gobierno tripartito (PSOE-CC-PP) en estos primeros meses al frente del Ayuntamiento.
A ello se suma el diseño y la próxima aprobación del presupuesto de 2024, después de trabajar con unas cuentas prorrogadas desde el año 2020, la configuración de un nuevo Plan de Empleo Social dotado con 1,8 millones de euros y la contratación de más personal a través de convenios con otras administraciones.
La alcaldesa, Sandra Izquierdo; la primera teniente de alcalde, Noemí García, y el segundo teniente de alcalde, José Caro, comparecieron en rueda de prensa para dar a conocer la actuación del gobierno en las diferentes áreas municipales. “Seguiremos apostando por un gobierno de las personas, no de partidos, en el que el diálogo, la transparencia, la unidad y la cooperación seguirán siendo fundamentales para que Tacoronte ocupe el lugar que se merece”, subrayó Izquierdo.
En este sentido, dejó claro que “presionará sin complejos” para que la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias termine las obras de ampliación del centro de salud.
Entre las acciones llevadas a cabo destacaron la reunión de la Junta Local de Seguridad, que no se convocaba desde febrero de 2019, como consecuencia del incendio forestal que afectó al municipio; los buenos resultados de las Fiestas del Cristo, en las que el sector de la restauración “triplicó” los ingresos de años anteriores; la licitación del contrato de servicio para la gestión del Centro Ocupacional Naranjos de Luz, y la mejora del alumbrado en edificios y vías con la incorporación de tecnología LED.
También dieron cuenta de algunas medidas que fueron necesarias adoptar en este mandato, como el cierre de la perrera municipal o la notificación de desalojo a los usuarios de las viviendas de emergencia social de Piedras de Torres. En este sentido, y consultado al respecto, el concejal de Servicios Sociales, José Caro, recordó que una ordenanza municipal establece que el uso de estos inmuebles es de tres meses con una prórroga máxima de seis y los actuales usuarios llevan “entre nueve meses y nueve años”.
Asimismo, aludió a que el anterior alcalde y responsable del área, José Daniel Díaz, “inició dos veces el expediente desalojo, una en noviembre de 2019 y otra, en enero de 2022, y no sabemos por qué no continuó”.
Igualmente, Caro desmintió que el desalojo se vaya a producir el día 17, “como se ha estado comentando desde la oposición, porque todavía estamos en trámite de audiencia”, y dejó claro que desde el Ejecutivo “se tomarán las decisiones oportunas de acuerdo a los informes de las trabajadoras sociales”, que tendrán en cuenta la realidad de cada una de las familias y de la presencia de menores en el lugar.
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