Los vertidos ilegales de aguas residuales al mar en Tenerife y, en general, en Canarias son uno de los principales problemas ambientales que enfrentan las Islas y así lo reconoce el propio Gobierno regional. Tras las recientes denuncias de pescadores de distintas comarcas de Tenerife, la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) ha desvelado un nuevo caso en el sur de la Isla, concretamente junto a las instalaciones del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), en la costa de Granadilla de Abona.
Mediante las redes sociales y a través de un vídeo muy elocuente, la entidad ecologista denuncia un vertido que se produce con una tubería de un considerable caudal, justo debajo de diversos molinos de energía limpia y con destino a las aguas de la conocida como playa del Vidreo, con el puerto de Granadilla envolviéndola en buena parte.
La entidad critica “lo fácil” que resulta en Tenerife verter aguas residuales al océano: “Es tan sencillo que se puede hacer de esta forma: desde unas tuberías tiradas en una playa, por encima del área de paso y baño, y en la Zona Especial de Conservación de Sebadales del Sur de Tenerife”.
ATAN denunció estos hechos el pasado lunes y, aunque dice no saber el origen de ese caudal ilegal, considera que se trata de “un buen ejemplo de la impunidad que caracteriza a los vertidos al mar que se dan en Canarias”. Este periódico intentó ayer, sin éxito, conocer la versión del Cabildo insular.
La situación de los vertidos ha sido denunciada también ante la UE por la Asociación Empresarial Canaria de Consultores Medioambientales a principios de este año. Lo hizo tras el informe regional de 2021 sobre vertidos, realizado por Tragsatec. Este documento indica que la mayoría de los 434 casos detectados se sitúan en Tenerife (el 45%), seguida de Gran Canaria (29). De los que carecen de autorización, 210 tampoco tenían ningún expediente sancionador en trámite.
Ante esto, el Ejecutivo autonómico ha decidido intervenir y se ha lanzado a elaborar un nuevo informe por entender que el último es insuficiente, aparte de preparar inspecciones con submarinistas y drones para detectar nuevos casos.
Del total de vertidos estudiados en 2021, el 54% eran de aguas urbanas residuales, el 14% de agua salada y el 13%, de salmuera. El informe detalla que Tenerife es la isla con mayor número de vertidos legalizados (67) y ese liderazgo lo lleva también al porcentaje de los que no tienen autorización (el 34%), mientras que Gran Canaria presenta 30 y El Hierro, ninguno. Por el contrario, La Palma es la isla con menor porcentaje de redes autorizadas (18%).
Aparte de las aguas urbanas, saladas o de salmuera, el resto lo componen los vertidos de agua dulce (sobre todo, piscinas), de refrigeración, industriales y pluviales, entre otras. Las de lluvias se incorporaron al último informe y revisten una importancia menor, salvo cuando, por su cantidad, colapsan más las redes y los aliviaderos.
La situación es especialmente grave en zonas turísticas y donde aún quedan industrias como la pesquera, si bien afecta a gran parte del litoral isleño y, por eso, el plan que ha anunciado el Gobierno pretende servir de solución global.
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