El precio de los alquileres sigue por las nubes y en el sur de Tenerife adquiere tintes de “emergencia social”, como llegan a calificar la situación fuentes consultadas por este periódico. Una realidad que se plasma en imágenes que reflejan el empobrecimiento de los trabajadores, obligados en algunos casos a dormir en coches, caravanas y furgonetas, buscar cobijo en pequeños poblados de infraviviendas autoconstruidas o, en el mejor de los casos, residiendo en zonas muy alejadas de sus lugares de trabajo, con la consiguiente dependencia de un medio de transporte y soportando los atascos de tráfico.
Tanto los empresarios hoteleros como el sindicato mayoritario en la hostelería reclaman “soluciones urgentes” para evitar un “colapso turístico”, en palabras de Manuel Fitas, secretario general de Sindicalistas de Base, mientras que la patronal del sector advierte de que en algunos establecimientos se han tenido que cerrar plantas y unidades al no disponer del personal suficiente para garantizar los servicios.
Ambas partes trasladaron recientemente a la Federación Canaria de Municipios (Fecam) su “gran preocupación” por la inexistencia de precios “razonables” en el mercado inmobiliario en zonas “más o menos próximas” a los núcleos turísticos. En el caso del Sur, la mayor demanda se concentra en Granadilla de Abona, Arona, Adeje, Guía de Isora y San Miguel de Abona, indican los expertos inmobiliarios.
Se trata de municipios “muy atractivos” para grandes inversionistas, muchos de ellos extranjeros, que fijan su mirada en el alquiler vacacional. Los profesionales del sector inmobiliario no perciben señales positivas en cuanto a precios en un horizonte temporal relativamente cercano: “No tiene pinta de que los alquileres vayan a bajar mientras la demanda siga superando, con creces, la oferta”.
VIVIENDA VACACIONAL
Actualmente, hay censadas alrededor de 200.000 viviendas vacacionales en el Archipiélago, frente a las 325.000 plazas turísticas reguladas en hoteles y apartamentos de las Islas.
Aun no siendo el único factor que ha tensionado el mercado de alquiler de larga temporada y los precios, Ashotel subraya que la falta de regulación urbanística que determine dónde se puede explotar la vivienda turística y dónde no, ha causado un incremento “exponencial” de plazas de alquiler turístico en los últimos años. Un ejemplo de ello es que ha desaparecido la histórica división que marcaba la autopista para distinguir los usos residencial (en medianías), a precios accesibles, y vacacional, en zonas más próximas a la costa.
La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jessica de León, destacó la semana pasada que el crecimiento desregulado y sin límites del alquiler vacacional está afectando “inevitable mente” a los residentes, que en algunas zonas pagan precios “desorbitados” por un piso, lo que dificulta encontrar empleo.
El Gobierno de Canarias cerró el pasado 26 de noviembre una consulta pública sobre la futura Ley de Ordenación Sostenible que regulará el uso turístico de la vivienda y que ha recogido 5.400 alegaciones. El siguiente paso será elaborar el borrador de la ley para que a finales de enero entre en el Par lamento de Canarias con el fin de iniciar su trámite parlamentario.
VIVIENDA SOCIAL
Más allá del alquiler vacacional, no hay que olvidar de que Canarias está en la punta de lanza de las comunidades autónomas con mayor demanda de vivienda social. Una realidad que profesionales inmobiliarios achacan a la construcción “prácticamente nula” de casas de protección oficial “en los últimos 20 años”. Consideran “normal” que el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008 frenara en seco la construcción privada, pero sostienen que la pública no debió seguir ese mismo camino.
Los constructores tinerfeños califican la falta de vivienda en el Sur de “alarmante” y hablan de “emergencia social”, por lo que reclaman una política “clara y operativa” al Gobierno de Canarias “desde hace años”, pero también mayor agilidad a los ayuntamientos a la hora de conceder las licencias de obra.
Esa lentitud burocrática, que comienza con los trámites para la cesión de suelo desde los ayuntamientos al Ejecutivo regional, ha llevado a la patronal hotelera a plantear soluciones “rápidas y factibles”, entre ellas que los consistorios con suelos residenciales ya consolidados y procedentes del 10% del aprovechamiento de los planes parciales faciliten la construcción de proyectos de viviendas por empresarios dispuestos a alquilar esas casas o pisos a trabajadores a precios razonables.
Sindicalistas de Base considera que, si hay empresarios dispuestos a construir viviendas, suelo urbano disponible y trabajadores con empleo estable y con salarios que permitan afrontar un alquiler “tasado y accesible”, se requiere la “voluntad de las administraciones”.
El principal sindicato en la hostelería advierte de que la “tormenta perfecta” del problema del alquiler está provocando no sólo la renuncia de muchos trabajadores a ocupar un puesto laboral en el sector, sino también un considerable aumento de los casos de absentismo laboral por “sobre carga física y mental”, especialmente en el colectivo de las camareras de piso.