La alcaldesa de Candelaria y presidenta de la Fecam, Mari Brito (PSOE), y los exregidores locales Gumersindo García (alcalde de Candelaria 2001-2015, PSOE), Carmen Luisa Castro (alcaldesa de Güímar 2013-2019, PP) y José Juan Lemes (exalcalde de Arafo 2011-2019, PP y luego CC) serán procesados por la comisión de presuntos delitos contra el medio ambiente, tras rechazar el Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Güímar los recursos de los letrados de los cuatro acusados, por lo que tendrán que ir a juicio, al igual que varios exconcejales de Urbanismo de esos tres municipios, miembros de la Viceconsejería y el gerente de la asociación de Empresarios del Polígono.
El auto, de casi 100 páginas, recoge que los alcaldes omitieron desde el verano de 2013 las actuaciones administrativas para controlar y legalizar los vertidos de aguas residuales, algo que sí acometieron a partir de marzo de 2017 cuando se abrió la causa penal.
De hecho, hoy en día están terminadas la depuradora de aguas industriales en el Polígono y la depuradora comarcal de aguas residuales, aunque esta última aún sin entrar en funcionamiento, porque no le llega el agua de las redes de saneamiento municipales. Sorprende que entre los regidores municipales se encuentre Mari Brito, cuando no fue alcaldesa hasta 2015, dos años después de recepcionarse el Polígono.
El juzgado dictó el 18 de enero de 2022 un auto en el que procesaba a los cuatro alcaldes por los presuntos delitos continuados contra el medio ambiente y prevaricación en relación a los vertidos de aguas residuales del Polígono Industrial de Güímar.
El juez apunta que, “de forma consciente y voluntaria”, permitieron un vertido “continuo e incontrolado” de aguas residuales procedentes del polígono industrial, El Socorro y La Viuda, “sin depurar, tratar ni legalizar” y generando un “riesgo grave” para las aguas y la salud de las personas.
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