El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través del área de Patrimonio Histórico, constituyó en el año 2015 la comisión de Memoria Histórica de la ciudad, con el objetivo de evaluar los vestigios franquistas del municipio y dar así cumplimiento a la Ley de la Memoria Histórica aprobada en 2007 por el Gobierno de España. Un marco legislativo que nació con el fin de reconocer y ampliar derechos a favor de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil y la Dictadura.
Este órgano capitalino, encargado de realizar un estudio de investigación sobre calles, plazas, esculturas o monumentos en honor o alusión al régimen dictatorial, tuvo su primera reunión en 2016, y tras varias sesiones – la última para el análisis del callejero – no se ha convocado desde hace cuatro años.
El Ayuntamiento santacrucero explicó que “la comisión de Memoria Histórica, integrada en la Comisión de Patrimonio Histórico, está pendiente de actualizar a los diferentes miembros que la integran, tras el cambio de mandato legislativo. Una función que compete a la Secretaría del Consistorio, según se recoge en el reglamento del Consejo Municipal aprobado en 2018”. Así, a la espera de que se designen sus nuevos integrantes, muchas de las actuaciones previstas para cumplir con la ley se han quedado sin estudiar y, por supuesto, sin ejecutar.
La comisión de Memoria Histórica fue presidida en su día por el concejal de Cultura, José Carlos Acha, y estaba integrada por la coordinadora del estudio de investigación, la profesora de la Universidad de La Laguna, María Isabel Navarro, y la presidenta de la Asociación de la Memoria Histórica de Tenerife, Mercedes Pérez Schwartz, entre otros miembros.
Acha comentó que “el objetivo de esta comisión era la de elaborar un dictamen, acompañado de una recopilación de fuentes iconográficas y audiovisuales relativas a la dictadura y represión asociados al callejero y elementos urbanos de la ciudad para, una vez concluido el estudio y entregado a la comisión creada en su día para la aplicación de la citada ley, trasladarlo al pleno del Ayuntamiento”.
En este sentido, el actual consejero de Cultura del Cabildo de Tenerife, matizó que “aunque llevo ocho años desvinculado del Ayuntamiento, el último informe de la comisión se centró en las calles con nombres franquistas de la capital, el cual se entregó en el mandado de la socialista Patricia Hernández”.
En este estudio, la comisión analizó los cambios en una treintena de calles y plazas de la capital, en base a una propuesta que incluía la modificación del nombre de 136 emplazamientos dentro del callejero. Además otra misión era estudiar la retirada de escudos, inscripciones, lápidas o monumentos capitalinos de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura, entre ellos el de Franco en la avenida de Anaga; el de los Caídos en la plaza de España; los leones del puente Serrador; o el Mercado Nuestra Señora de África, incluido posteriormente en el catálogo elaborado por el Gobierno de Canarias.
De acuerdo con lo expresado por el área de Patrimonio Histórico del Cabildo, se acordó profundizar en la reinterpretación de símbolos y monumentos públicos del municipio, conforme al procedimiento que prevé el artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica, que exime de su retirada cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas.
En este punto, de los monumentos y esculturas franquistas repartidas en la capital santacrucera sólo se procedió a ejecutar en dos: la retirada en 2022 de la hélice del barco militar Canarias, que se ubicaba en la antigua estación del Jet-Foil, al ser un símbolo que enaltecía a la dictadura franquista, y que finalmente acabó en los fondos del Museo Naval de Las Palmas de Gran Canaria; y el busto de Cándido Luis García Sanjuán, que la Autoridad Portuaria quitó en 2022.
En cuanto al monumento a Franco, obra de Juan de Ávalos, escultor del Valle de los Caídos, el consejero insular, José Carlos Acha, señaló que tras 17 años de “lucha ideológica”, el futuro de este vestigio franquista aún tendrá que esperar, máxime tras el reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo, que ha ratificado la protección cautelar del mismo. Según publicó La Razón, el alto tribunal ha inadmitido el recurso interpuesto por el Cabildo insular, que se oponía a la medida de protección cautelar del monumento, que otorgó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en enero de 2023. El órgano de gobierno insular declaró la medida cautelar de suspensión de la resolución de 9 de marzo de 2022, por la que se denegó la incoación de un expediente de declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) de la obra de Ávalos, tal y como reclamaba la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel.
Acha detalló que “la decisión del Cabildo de incoar el expediente para declarar BIC el monumento y protegerlo del derribo depende de Patrimonio Histórico”, una vez que el anterior gobierno insular socialista decidió recurrirlo.
Cabe recordar, que el 8 de febrero de 2022, el Gobierno regional publicó el catálogo de vestigios franquistas de Santa Cruz de Tenerife, donde recopilaba los elementos en la capital que enaltecen el franquismo y que el Ayuntamiento debía retirar. Una relación de 79 símbolos que incluía el mercado Nuestra Señora de África-Puente General Serrador (1943); el monumento a los Caídos (1947) y el monumento a Franco (1966); así como nueve calles y espacios o tres denominaciones de barrios.
Dicho listado fue recurrido a principios de 2023 por los servicios jurídicos municipales, tras el rechazo del alcalde, José Manuel Bermúdez, a que “solo haga referencia a esta ciudad y no al resto de municipios”.