La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (ASCAV) se muestra a favor de establecer una ecotasa en Canaria. Esta tarifa se aplicaría a “todos los establecimientos de alojamiento turístico radicados en Canarias” y los ingresos se destinarían “íntegramente a la promoción de vivienda pública para las familias canarias”, según explicó ayer la presidenta de la entidad, Doris Borrego, quien se pronuncia de esta manera en pleno debate y polémica por el decreto regional para regular las VV y antes de la manifesdtación del 20A contra el moidelo de desarrollo.
Según recalca, la apuesta de la ASCAV surge tras una encuesta organizada entre sus asociados y se busca “dar respuestas a las familias canarias que sufren la subida de los precios de la vivienda en las Islas. Facilitar su acceso resulta esencial en un terreno tan pequeño y que, desde hace tiempo, sufre las consecuencias del turismo”, añade.
Borrego subraya que “el 81% de los socios encuestados se pronunció a favor de una ecotasa para todos los establecimientos turísticos de las Islas, no solo los asociados a la vivienda vacacional”. La propuesta de la ecotasa “garantiza ayudas a los más necesitados”, eso sí, “siempre y cuando lo recaudado se destine a la promoción de vivienda pública para las familias canarias y la facilitación del acceso a la vivienda”.
“Los propietarios de las viviendas vacacionales de las Islas también viven aquí, no en Marte. Deben pagar una cuota todos los que rompen el mercado y reciben cantidades desorbitadas por sus alquileres”, sostiene. Además, recalca que la ASCAV “está comprometida con que el turismo beneficie de manera real y directa a toda la sociedad canaria”.
El precio de la tasa
Según los primeros cálculos de la Asociación, “Canarias podría recaudar hasta 48 millones de euros anualmente mediante una ecotasa que hemos fijado en 0,50 euros por turista y día alojado en un establecimiento turístico del Archipiélago”, adelanta la dirigente.
El sondeo realizado preguntó también sobre la metodología del proyecto de la ecotasa y por el precio que deben pagar los establecimientos. La entidad recalca que “Canarias es la única comunidad de toda España donde la vivienda vacacional está sujeta al pago del IGIC”, condición que fue negociada con el Gobierno de Canarias, lo que aporta a las arcas públicas unos 140 millones al año.
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