La Asociación de Vecinos Urban Centro El Perenquén presentará, en los próximos días, un recurso de alegaciones contra el proyecto de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Santa Cruz de Tenerife, aprobado de forma definitiva por el Ayuntamiento capitalino el 10 de junio y que el pasado viernes fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), en el que exigirá medidas cautelares o, en su defecto, la nulidad de pleno derecho de la futura ordenanza”.
La redacción del proyecto de ZBE, que establece restricciones al tráfico en municipios con más de 50.000 habitantes para reducir la contaminación y crear espacios más sostenibles en las ciudades, fue adjudicada en diciembre de 2022 a la UTE formada por Tema Ingeniería y Wawa Consultores en Movilidad, por un importe de 71.751 euros.
No obstante, la Asociación El Perenquén, movimiento vecinal que ya logró tumbar ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) cinco artículos de la reciente ordenanza de Movilidad de la ciudad, volverá de nuevo ante la Justicia para lograr la anulación del proyecto de la ZBE, al considerar que las medidas incluidas en esta ordenanza son “restrictivas y atentan contra la libre circulación de personas en la capital tinerfeña”.
Las fuentes consultadas por DIARIO DE AVISOS explicaron que “la existencia del ámbito y las medidas restrictivas anunciadas por el Ayuntamiento, implican que este dispone de los informes justificativos (económicos y presupuestarios, de consecuencias sociales y de mercado, y el estudio de acciones alternativas), de la decisión ya adoptada, documentos que hasta ahora señalan un conjunto de actuaciones y medidas dirigidas a reducir o eliminar las diferentes formas de contaminación, cuando las mediciones que se vienen efectuando en la capital respetan los límites fijados en la normativa relativa a la calidad del aire”.
Por tanto, a juicio de los recurrentes, “no hay justificación en que las emisiones de CO2 de los vehículos centren la base de un proyecto restrictivo, desproporcionado y discriminatorio que, desde el punto de vista legal, hace aguas por todos lados, pues el principio de proporcionalidad exige que se cuantifiquen los niveles de emisión de gases invernadero producidos por los coches a los que se les va a limitar el acceso, la circulación y el estacionamiento en determinadas zonas”.
En este sentido, recalcan que “las medidas para impedir el acceso y circulación de vehículos en Santa Cruz, en cuanto no se superan los límites legales (ligados a la salud), son restrictivas y pueden tener justificación en grandes urbes, e incluso de forma transitoria, durante episodios en los que se superen los límites legales de la calidad del aire. Por tanto, el proyecto aprobado lo único que fomenta es limitar la libertad de movilidad de los ciudadanos, además de restringuir los derechos de circulación, dado que se pretende condicionar el uso de vehículo a la capacidad económica del ciudadano, para sustituirlo o renovarlo por otro habilitado para la circulación por la zona delimitada”.
“Una traba que también se extiende a aquellos titulares de un vehículo que no tenga el distintivo ambiental (cuyo precio es de 6,5 euros), por lo que el proyecto tiene como efecto la imposición de medidas gravosas que producirán un efecto negativo en las personas de menor capacidad adquisitiva”, subrayan.
Un total de 39 alegaciones aceptadas para ampliar el acceso de vehículos
El proyecto de la ZBE en el centro de Santa Cruz ha recibido 39 alegaciones de ciudadanos, entidades y administraciones durante los 30 días en los que estuvo sometido a exposición pública. De este total, se han estimado 15, según se recoge en el documento final publicado el viernes en el BOP.
El proyecto, sujeto al desarrollo de una ordenanza específica, ha incluido ahora varias modificaciones respecto a su redacción inicial, al incluir alegaciones recogidas en base a permitir el acceso y estacionamiento en la ZBE de vehículos de servicios públicos, policiales, seguridad privada y emergencia; de empresas y autónomos con actividad en la zona delimitada; los que acudan a consultas, tratamientos médicos o centros veterinarios; o los destinados a mercancías.
Asimismo, otro añadido se centra en la ordenación de las infraestructuras del tranvía, donde se contemplan nuevas ampliaciones, una que atravesará la avenida Bravo Murillo y Ángel Guimerá, así como la futura línea 3 que se prevé en el eje La Salle-Méndez Núñez. Además, se incrementarán las acciones de monitorización.
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