Lomo Negro, el barrio ilegal ubicado en las afueras de El Fraile, en el municipio de Arona, ha visto en las últimas semanas cómo decenas de sus hogares recibieron órdenes inminentes de desalojo. Este asentamiento, en el que residen cerca de 700 personas, incluidas familias con menores y personas dependientes, comenzó a formarse hace más de una década.
Ahora, por lo menos a dos decenas de estas familias, la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural ha notificado la demolición de sus viviendas, construidas sobre suelo rústico, una categoría de terreno protegido en la que la edificación está prohibida. Las sentencias establecen plazos que van desde un mes hasta un máximo de dos para devolver las parcelas a su estado original.
El crecimiento de Lomo Negro comenzó hace aproximadamente 10 años, cuando propietarios de terrenos agrícolas empezaron a vender pequeñas parcelas de manera irregular. Las familias que adquirieron estas tierras levantaron lo que hoy en día es un núcleo de unas 300 viviendas. La presidenta de la asociación de vecinos, María del Rosario Estapliet, señaló que muchos de los vecinos “invirtieron todos sus recursos”, recurriendo a préstamos bancarios para construir sus hogares. El colectivo vecinal se encuentra en proceso de realizar un censo para contabilizar oficialmente a los residentes. Cabe recordar que 200 vecinos lograron empadronarse en Arona.
ESTADO ORIGINAL DE LAS PARCELAS
La legalidad de estas construcciones ha sido cuestionada desde el principio, lo que ha derivado en una creciente cantidad de órdenes de demolición. Entre junio y septiembre, los residentes han recibido numerosos requerimientos judiciales y administrativos. Según los documentos a los que ha tenido acceso este periódico, al menos 20 viviendas ya cuentan con órdenes de demolición y en algunos casos los propietarios disponen de tan solo 10 días para proceder, bajo la advertencia de que, si no lo hacen, “la Administración actuará de manera forzosa”. La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural exige que las parcelas “sean devueltas a su estado original”. Varios particulares recurrieron ante la jurisdicción contenciosa, que dictó sentencia en julio del 2023, desestimando los recursos.
La abogada que representa a una de las familias afectadas apunta que los suelos, clasificados como rústicos de protección agrícola, están sujetos a estrictas restricciones que prohíben la construcción de viviendas. Aun así, la falta de intervención del Ayuntamiento de Arona durante años permitió el crecimiento de Lomo Negro, lo que ha desembocado en esta “situación crítica”, según la letrada.
Soluciones propuestas
Frente a la presión de los desalojos, los vecinos de Lomo Negro han buscado entablar negociaciones con las administraciones locales para encontrar una solución que les permita regularizar su situación. Presentaron en varias ocasiones propuestas al ayuntamiento y al Cabildo, solicitando la legalización de los terrenos o, al menos, una moratoria hasta que se reactive el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), paralizado desde hace años. Según Estapliet, “la mejor solución sería una moratoria mientras se aprueba el plan parcial”.
El pasado mes de agosto, 300 vecinos participaron en una manifestación en el Centro Cultural de Los Cristianos para dar a conocer sus demandas. Posteriormente, la asociación mantuvo una reunión con la alcaldesa de Arona, Fátima Lemes, al término de la cual se destacó la “vía de diálogo” abierta entre el ayuntamiento y los afectados”.
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