El Ayuntamiento de Santa Cruz ha frenado 111 desahucios de familias vulnerables desde enero a junio de este año, según afirmó ayer la concejala de Acción Social, Charín González. La edil explicó que el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) ha elaborado informes de vulnerabilidad a demanda de los juzgados para evaluar la situación de personas y familias afectadas por procedimientos de lanzamientos e indicó que, en el contexto socioeconómico actual y con la situación de acceso y mantenimiento de una vivienda para las familias vulnerables, las prestaciones económicas (PEAS) destinadas a alquileres, créditos hipotecarios, mediación inmobiliaria y fianzas son un apoyo imprescindible.
En este sentido, aseguró que, en el primer semestre del año, “el IMAS ha abonado 760 PEAS de viviendas, por casi 1,4 millones de euros, de las que 124 han servido para el abono de cuotas hipotecarias por 276.034 euros”.
El alcalde, José Manuel Bermúdez (CC), añadió que “la vivienda es uno de los puntos de atención preferencial en este municipio y, por ello, desarrollamos una tarea en varios frentes, que tienen que ver, fundamentalmente, con la atención y la solución alojativa para las personas y familias vulnerables”. Entre ellas, destacó que “a las acciones en obra nueva, reforma de edificios, medidas de accesibilidad y acuerdos con otras administraciones para construir nuevos inmuebles se añaden las ayudas que, a través de las PEAS, se destinan para el pago de alquileres y las hipotecas, precisamente para evitar desahucios”.
Las ayudas destinadas a los servicios sociales capitalinos centraron ayer parte del pleno municipal, en el que una de las cuestiones estrella giró en torno al nuevo modelo de gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) que el consistorio quiere implantar antes de que acabe este año y que el PSOE ha llevado a los juzgados por creerlo “contrario a derecho”, según anunció ayer. El cambio en la prestación, actualmente a cargo de la concesionaria Atende, se pretende para ampliarla a nuevas empresas con el objetivo de atender a más usuarios y mejorar, de paso, las condiciones laborales de las trabajadoras.
La portavoz socialista, Patricia Hernández, anunció que su grupo ha presentado un contencioso-administrativo en los juzgados contra el acuerdo del Consejo Rector del IMAS, al considerar que “es contrario a derecho, como así han informado los habilitados nacionales del ayuntamiento, en cuyos informes han sido demoledores al respecto, señalando incumplimientos normativos y cambios en la ley general de Subvenciones y la de Servicios Sociales de Canarias, que son imposibles de ejecutar en tan poco tiempo”.
REPROBACIÓN DE LA EDIL
Por ello, el PSOE presentó una moción para solicitar la reprobación de la consejera del área por “las actuaciones negligentes en el trámite de los expedientes y poner en riesgo la prestación del SAD”, petición desaprobada en un duro cruce de acusaciones entre bancadas.
El portavoz de CC, José A. Díaz Estébanez, tildó a los socialistas de “obstruccionistas y de aportar premisas falsas en una moción estrafalaria”. Indicó que el Servicio de Ayuda a Domicilio “va a seguir, beneficiará a más de 300 personas que están en lista de espera, se crearán oficinas de proximidad en todos los distritos para una mejor atención y, además, se mejorarán las condiciones laborales y salariales de las trabajadoras”.
Sus afirmaciones las corroboró el portavoz del PP, Carlos Tarife, quien añadió que “el riesgo de que se deje de prestar este servicio ante el cambio de gestión es cero, pues, aunque el contrato con la actual empresa acaba el 30 de noviembre, se prorrogará hasta que entre en vigor el nuevo modelo”.
En otro orden, el pleno aprobó, a excepción del voto de VOX, una moción en apoyo de la población más vulnerable con motivo del Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza y, en especial, a las familias con menores a su cuidado. En el municipio chicharrero, se encuentran en esta situación un total de 956 niños.
Mientras, la socialista Mónica Brito logró el respaldo del pleno a una moción a favor de la conciliación de la vida laboral y familiar, abogando por permisos parentales de ocho semanas para un cuidado equilibrado de los hijos.
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