Ya tiene consecuencias la detención del jefe del voluntariado de Protección Civil en la capital tinerfeña, practicada el pasado miércoles por agentes de la Policía Nacional para asombro y consternación en la sociedad tinerfeña, especialmente entre los vecinos de Santa Cruz de Tenerife.
La concejala de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento capitalino, Gladis de León (CC), anunció ayer que había firmado un decreto municipal por el que se determina que se aparte de sus funciones, “de manera temporal y hasta que se aclare su situación legal, al actual jefe de la Agrupación de Voluntariado de Protección Civil santacrucera, Santiago Carlos Martín”, se recoge en el comunicado oficial remitido por el Consistorio capitalino.
Hay que tener en cuenta que el cargo de Carlos resulta potestativo (es decir, se trata de un puesto de confianza), por cuanto al frente del servicio de Protección Civil santacrucero se sitúa un experimentado funcionario que dirige a varios técnicos municipales.
Respecto a cómo se coordinará el voluntariado, el ayuntamiento detalló ayer que, “ante la ausencia de Santiago Carlos Martín en estas jornadas, y para no afectar a la prestación de las funciones habituales de este colectivo, se ha decidido que las asuma el actual subjefe de la agrupación, tal y como contempla el reglamento que regula su funcionamiento desde el pasado mes de enero”.
La edil también fundamenta esta decisión en el desconocimiento formal que existe, en estos momentos, en el Consistorio capitalino sobre la detención del implicado, que fue confirmada ayer en informaciones periodísticas por la Policía Nacional, tal y como ha corroborado este periódico gracias a fuentes oficiales de la Comisaría Provincial tinerfeña.
De León subraya “el máximo respeto institucional, tanto a la presunción de inocencia del detenido como al secreto judicial [en referencia al secreto de sumario decretado desde el juzgado que instruye las diligencias que nos ocupan] que preside estas actuaciones”.
Igualmente, el Ayuntamiento santacrucero “también se pone a disposición de la autoridad judicial para cualquier cuestión que pudiera solicitarse en aras de aclarar todo este asunto”.
A este respecto, todo apunta a que será hoy cuando el ahora detenido pase a disposición del juzgado, que es el de Instrucción Número 5 de la capital tinerfela, si bien legalmente la Policía Nacional tiene 72 horas como plazo legal general para proceder en tal sentido.
Tal y como adelantó ayer DIARIO DE AVISOS, la información captada extraoficialmente entre fuentes conocedoras del caso apunta a una investigación que supuestamente surge desde una denuncia presentada ante el juzgado por parte de la Fiscalía Provincial especializada en combatir la trata de personas y otros delitos relacionados con Extranjería, sin que ello sea óbice para que entienda sobre otros posibles actos delictivos que surjan durante la investigación, como resulta obvio.
A la espera de que se levante el secreto de sumario, ayuda a contextualizar un poco esta situación el hecho de que, desde principios de este año, se ha detectado la presencia de extranjeros, presumiblemente migrantes en situación irregular, prestando servicio como voluntarios de Protección Civil en Santa Cruz de Tenerife, como al parecer pudo constatarse durante los pasados Carnavales en la capital tinerfeña.
Los sindicatos de la Policía Local ya pidieron su destitución en 2018
Si ayer en el DIARIO DE AVISOS ya se informó sobre la denuncia presentada por la Policía local de Santa Cruz de Tenerife contra el jefe de Voluntariado de la Protección Civil en la capital tinerfeña a cuenta de un grave incidente acaecido durante un incendio en el Hospital Febles Campos (su vehículo oficial fue detectado junto al centro hospitalario en plena emergencia con el motor encendido y una niña de 10 años sentada en el asiento del conductor junto a un varón adulto no uniformado), lo cierto es que los conflictos entre el ahora detenido por la Policía Nacional, Santiago Carlos Martín, y la Policía Local capitalina vienen desde mucho más atrás.
Un ejemplo es que, en 2018 y a cuenta de un servicio originado porque en el Casino se le impidió la entrada a un inspector de la Policía Nacional que iba en bermudas (vestimenta considerada no adecuada por la elitista entidad capitalina para acceder a sus instalaciones), y Santiago Carlos criticó públicamente a los municipales que actuaron de ese modo, los sindicatos Asipal, CCOO, CSIF y UGT exigieron entonces su inmediata destitución.
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