“La tecnología avanza más deprisa que el propio legislador”

Carlos Trujillo Cabrera (Santa Cruz, 1981) es profesor contratado doctor de la Universidad de La Laguna (ULL). Es doctor en Derecho por la ULL con una tesis sobre el Régimen jurídico de las bases gráficas registrales, la identificación georreferenciada de fincas y la seguridad jurídica. Ha formado parte de varios proyectos de investigación a nivel nacional e internacional relacionados con el Registro de la Propiedad y las tecnologías y actualmente es investigador principal del proyecto de investigación REJUSOD sobre Retos jurídicos de la sociedad digital. Ha publicado numerosos artículos y capítulos de libros, tanto en español como en inglés, así como una monografía en materia de representación geográfica de las fincas registrales. En los últimos años se ha especializado en blockchain, smart contracts y, sobre todo, en protección de datos e IA. Es también magistrado suplente de La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

-¿Cuáles son los retos jurídicos principales que tiene planteados la sociedad digital?
“Cuando se habla de la capacidad del Derecho para hacer frente a los problemas que se plantean en el día a día, muchas veces se dice que el Derecho va a remolque de la realidad”.

-¿Y no es así?
“Creo que estamos ante uno de los mayores retos que existen hoy en día: la tecnología es capaz de avanzar tan deprisa que el legislador, en muchas ocasiones, no es capaz de regular con la celeridad que sería deseable. Y a veces esas normativas requieren, tras su entrada en vigor, de ciertos ajustes que también tardan en llegar (cuando lo hacen). Cuestiones como la protección de datos y la IA dan buena muestra de ello”.

-¿Tienen las universidades un papel fundamental en todo esto?
“Sí, porque fomentan la investigación como una vía para encontrar soluciones a las situaciones actuales con las normas que están en vigor, detectando posibles problemas o fricciones y aportando recomendaciones al legislador para que mejore el ordenamiento jurídico”.

-¿Trabaja la ULL en todo esto?
“La ULL tiene la suerte de contar con equipos de investigación muy potentes, como los de “Retos actuales del Derecho Civil” y “Derecho, digitalización y estado del bienestar”, o la cátedra Big Data, Open Data y Blockchain, que centran muchos de sus esfuerzos en el estudio y análisis de estos temas”.

-Carlos, ¿está en pañales el Derecho europeo sobre lo que sucede en las redes? ¿Tienen acaso patente de corso los blogueros y demás familia para destruir la vida de los demás?
“La UE se está dotando, poco a poco, de un ecosistema jurídico digital muy completo y, en muchos aspectos, son un referente para las legislaciones de otros territorios. La aprobación, en 2022, del Reglamento de Servicios Digitales ya sentó las bases para el desarrollo de un entorno digital en el que los derechos fundamentales de los usuarios de los servicios de la sociedad de la información estén correctamente protegidos”.

-¿Suficiente?
“Si a ello sumamos el Reglamento General de Protección de Datos de 2018 o la siempre presente Ley orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, pienso que el ordenamiento jurídico español cuenta con herramientas más que suficientes para evitar o reparar daños que se puedan causar por medio de blogs y redes sociales”.

-Mucha gente se escuda en la protección de datos para paralizarlo todo. ¿Cuáles son los límites? ¿Es esa protección una garantía para el ciudadano? ¿Te parece suficiente la ley española?
“La protección de datos es un derecho fundamental que reconoce el artículo 18.4 de nuestra Constitución y, como tal, esa protección resulta absolutamente necesaria. Es cierto que en algunas ocasiones puede parecer especialmente restrictiva, sobre todo cuando se pretende acompasar con el fomento de la innovación, lo que puede llevar a pensar en la oportunidad de aligerarla. Pero también se corre el riesgo de generar situaciones de abuso, sobre todo por parte de las grandes empresas que trabajan con enormes cantidades de datos personales de manera continua. La ley española, junto a la normativa europea, ofrece un marco de protección más que adecuado para evitar estos abusos”.

-¿Te sientes bien compartiendo tu actividad docente con la judicial?
“Creo que esa posibilidad de combinar la docencia (más teórica) con la práctica es sumamente enriquecedora y revierte, sin duda, en el alumnado, que es lo verdaderamente importante”.

(El profesor Carlos Trujillo es, como yo, un amigo de los animales. Por eso no podía faltar una pregunta sobre su bienestar. Le digo que he escrito mucho sobre los magos, algunos de los cuales son auténticos maltratadores. Es esperanzadora la respuesta)

“Me parece que, en términos generales, en Canarias se tiene bastante conciencia con respecto al bienestar animal. Y, por suerte, contamos con leyes en las que esa idea está también muy presente. La reforma del Código Civil de 2011, que deja de considerar a los animales como cosas para pasar a considerarlos como lo que realmente son, seres vivos dotados de sensibilidad, lleva aparejada que los derechos y facultades sobre los animales se ejerciten atendiendo precisamente a su bienestar y a su protección, evitando el maltrato, el abandono y una muerte cruel o innecesaria. Esta reforma, muy en la línea de lo que disponen otros ordenamientos jurídicos próximos, como el alemán o el portugués, no hace sino reforzar esa conciencia”.

-¿En qué ámbito del derecho te sientes más cómodo?
“Mi ámbito de estudio es el Derecho Civil, pero debo reconocer que siento una especial predilección por el Derecho Administrativo, al que intento acercarme cada vez que puedo”.

-¿Se está creando, con los másteres, la figura del barrister británico?
“Los másteres, cuando están bien diseñados, cumplen un papel muy importante al permitir ahondar en cuestiones en las que, por problemas de tiempo, es imposible incluir en los estudios de grado con el detalle que sería deseable. Y permiten, además, que en ese estudio más sosegado y profundo cada persona pueda centrarse en aquellas materias que, durante la carrera, le parecieron al alumno más atractivas o le despertaron una mayor curiosidad, lo que también me parece relevante. Pero no creo que su objetivo, o su consecuencia, sea la de crear un equivalente en los sistemas continentales a la figura del barrister, propia del Derecho anglosajón. De hecho, en países como Estados Unidos o Canadá, esta distinción entre el barrister y el solicitor aparece cada vez más desdibujada y se acercan ya a nuestros abogados”.

-Está claro que todo está cambiando en el mundo del Derecho. ¿Ha muerto el letrado generalista? ¿Se tiende a la especialización?
“No, no, para nada es la sensación que yo tengo. Nosotros, en la ULL, no formamos abogados sino juristas, que por lo general deben tener un conocimiento amplio y general del Derecho”.

-¿Entonces?
“Y luego, cuando los graduados cursan el Máster en Abogacía, el conocimiento que se adquiere sigue siendo generalista, más profundo en algunos aspectos, sin duda, pero lejos de la especialización en la que creo que estás pensando. Después viene el ejercicio y ahí sí es verdad que las grandes firmas tienen departamentos especializados por materias”.

-No desaparece el abogado de toda la vida, entonces.
“Muchos abogados, la gran mayoría, trabajan en sus propios despachos, en los que esa especialización no siempre es compatible con la realidad de los clientes que acuden a ellos. Si acaso te diría que es el tiempo y la experiencia lo que trae la especialización”.

-¿Ha dejado de ser Derecho una carrera “para todo” y se ha convertido en más vocacional?
“A mí me parece que el buen profesional, sea en la carrera que sea, se acerca a ella por vocación. Y Derecho no es una excepción”.

-¿Sigue siendo así?
“Los nuevos planes de estudio, en los que la carrera tiene nota de corte y un número limitado de plazas, ha evitado lo que apuntabas. Lo que no quita que la carrera mantenga ese halo de utilidad que siempre le ha caracterizado. Hay determinados contenidos jurídicos básicos que deberían trascender más allá de la carrera y ser estudiados por todos. Igual que se termina el bachillerato con ciertos conocimientos de matemáticas, de historia, de física, de literatura y de filosofía, que son absolutamente fundamentales, sería bueno que los alumnos contaran con algunos conocimientos jurídicos. El Derecho se encarga precisamente de regular las relaciones entre las personas y la sociedad. Y todos vivimos en sociedad”.

-¿Cuáles han sido tus principales líneas de investigación?
“Durante muchos años, mi principal línea de investigación ha sido el Registro de la Propiedad, especialmente el estudio, antes de la reforma de la Ley Hipotecaria en el año 2015, de la necesidad de que las fincas registrales no se describieran e identificaran únicamente mediante una narración de sus linderos (al norte con la finca de…, al sur con el camino de…) sino que se utilizara la tecnología disponible desde hacía años para incorporar, mediante planimetría u ortofotografías, una representación gráfica de los inmuebles que facilitara su identificación y localización”.

-Eso, en Canarias, me da que no.
“Pues yo he planteado la necesidad de pasar de un Registro analógico como el que teníamos a otro digital, en el que este tipo de recursos no se sintieran como un añadido forzado sino como un elemento natural de la institución. Parece que, por fin, el legislador se ha decidido a dar el paso y en la última reforma de la ley, que entró en vigor en mayo de este año, se camina en esa línea”.

-¿Existen fricciones entre el Derecho y la tecnología?
“Este ha sido mi punto débil. Lo que te comentaba de los Registros ya es una muestra pero en los últimos años he investigado también cuestiones relativas a la protección de datos y a la IA. De lo primero me interesa especialmente el tratamiento que las normas en la materia dan al consentimiento del titular de los datos. Creo que una forma de garantizar una mejor protección de los datos personales consiste en dar a su titular un mayor control acerca de sus datos: quién los tiene, por qué los tiene, para qué los usa, qué rédito saca de ello. Para eso es necesario informar y formar a la gente en la materia. Que las personas entiendan el verdadero valor de sus datos y la finalidad para lo que las empresas los utilizan y cómo se lucran con ellos”.

-Darle valor al consentimiento del titular.
“Claro, conseguido lo que te he dicho, que no es fácil, el consentimiento del titular de los datos se convierte en un mecanismo poderoso de autodeterminación, de control Y de la IA me preocupan los efectos de algunas de sus manifestaciones. Y estoy pensando concretamente en el deepfake, que es la técnica que permite a un sistema de IA editar videos y audios para que parezcan, con un grado de realismo cada vez más asombroso, que una persona ha hecho algo, ha dicho algo o ha visitado un lugar en el que, en realidad, nunca ha estado. Ello puede afectar a los derechos fundamentales de las personas, como pueden ser la imagen y la voz”.

El profesor Carlos Trujillo, añade:
“Y me preocupa especialmente porque ese tipo de videos e imágenes suelen tener como objetivos a niñas y a mujeres. Así que estudio si nuestras normas están dotadas de mecanismos suficientes como para poder hacer frente a los problemas que el uso de esta tecnología puede producir o si habría que dictar nuevas normas de protección”.