Ninguna empresa aspira a gestionar las viviendas bioclimáticas del ITER

A la primera, no. El gobierno del Cabildo de Tenerife (CC-PP) prepara un nuevo concurso para privatizar la gestión turística de las 24 casas bioclimáticas del Instituto Tecnológico de Energía Renovable (ITER) tras fracasar, al quedar desierto, el impulsado desde el pasado julio. Una privatización que, por supuesto, se ha topado con el rechazo de la oposición socialista y de otras visiones (como la de la exconsejera de Sí Podemos María José Belda, luego entre los no adscritos) sobre lo que debe ser el ITER y la explotación y uso científico de estas viviendas vanguardistas y experimentales en el ámbito de la sostenibilidad y autoconsumo mediante energías limpias, un referente mundial en su día.

Según apunta a este periódico el gobierno insular, trabajan ahora “para sacar un concurso más ajustado a mercado” y se muestran “optimistas en poder ponerlas en marcha. Queremos reactivar su uso con el arrendamiento a empresas especializadas en el subsector de la hostelería y el turismo, lo que permitirá rentabilizar las 119 plazas alojativas que hay. Entendemos que la fórmula óptima no es que un instituto tecnológico gestione un establecimiento hostelero, sino una entidad especializada en ello, revertiendo los ingresos que se obtengan en el plan de inversiones del ITER para nuevos equipamientos de renovables o equipos destinados a I+D”.

Frente a esto, la oposición cree que se trata de un paso más hacia la privatización generalizada del ITER, cuyas instalaciones principales y estas casas se encuentran en Granadilla. La oposición aprecia reparos y problemas legales, éticos y políticos para el encaje de esta fórmula.

El consejero de Innovación, Investigación y Desarrollo, Juanjo Martínez, sostiene que esta decisión no supone un primer paso para la privatización. “No se está privatizando para nada –asegura-. El ITER es el instrumento más potente que tenemos para avanzar en el cambio del modelo productivo. Está a la vanguardia en ámbitos como la supercomputación, la robótica, la investigación agroespacial, el uso de cables submarinos, la robótica marina… Nunca nos hemos planteado una privatización, pero estas casas suponen un recurso importante para estudiar en el campo de la construcción sostenible, los materiales, estructura y diseños con el fin de reducir el consumo de energía a través de la fotovoltaica. Sin embargo, no se estaban utilizando desde la parálisis de la pandemia y entendemos que, de esa forma, no aportan nada al ITIR, sino que supone unos costes anuales de 200.000 euros que debían evitarse”. Además, el gobierno recalca que necesitan una reforma.

SERVICIO “ADECUADO”

“Con este paso, seguiremos con la investigación e información, al tiempo que una empresas especializada cubre ese gasto y aporta un canon y una participación”, explica. Según remarca, “para el ITER resultaba muy forzado seguir con la investigación mientras se ocupaba de la gestión, la limpieza de las casas para su alquiler y prepararlas para dar un servicio adecuado a los clientes, incluida la recepción y la entrega de llaves”.

Su visión, sin embargo, no la comparte el PSOE, que advierte de las “irregularidades urbanísticas” de estas casas, “que no son viables con su explotación privada sin completar antes la regularización de sus instalaciones”. Además, recalcan que fueron concebidas como laboratorio para la investigación y experimentación sobre construcción sostenible y carecen de escritura pública de obra nueva y de inscripción registral.

“No consta información sobre su referencia catastral, ya que todos los metros cuadrados construidos en la zona figuran como oficinas”, avisan, al tiempo que recuerdan que no cuentan con licencia de primera ocupación, “que reporta las condiciones de habitabilidad, y que solo disponen de licencia individual de primera utilización para su uso como laboratorio a escala natural”, apuntan. Las “amplias irregularidades” se completan con la ausencia de conexión a los servicios municipales de agua, aunque se autoabastecen con una depuradora que se construyó sin permiso del Consejo Insular de Aguas.

MEJORA DE 120.000 EUROS

Por su parte, Belda sí cree que es el comienzo de la “privatización del ITER”. Además, recuerda que existe vigente una licitación por 120.000 euros públicos para reformar 11 de las 24 casas, por lo que censura que, en vez de seguir siendo explotadas por lo público (“tal y como recogen los estatutos del ITER”), ahora se beneficie una empresa privada de las infraestructuras y mejoras hechas “con dinero de todos”. A su juicio, lo ideal sería mantener la explotación pública y que el dinero recaudado se use para “invertir en la emergencia habitacional (…) o la acogida de menores sin referentes familiares; por el contrario, se usarán para que el sector que participa activamente en la degradación del territorio y la explotación laboral de nuestra gente obtenga aún más beneficios en nuestra Isla, mejore su oferta y gestione un bien público”.

Cada una de las casas funciona como un laboratorio individual que sirve para monitorizar las soluciones bioclimáticas integradas en el diseño, lo que permite fijar los parámetros que determinan el confort térmico de la vivienda y su resistencia térmica. Desde su creación, han supuesto un referente mundial en este campo, así como ante el creciente cambio climático.