El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi Canarias) instó ayer al Gobierno regional a establecer criterios “claros y transparentes” para garantizar que no se produzcan casos de discriminación hacia personas con discapacidad en el acceso a la función pública.
Este llamamiento se produce tras el reciente caso de Uxía García, profesora con un 66% de discapacidad visual, quien, tras superar las oposiciones al Cuerpo de Maestros en Canarias en 2024, fue declarada “no apta” para ejercer funciones de Pedagogía Terapéutica por la Inspección Médica. García, que había trabajado en el CEIP Domínguez Alfonso de La Orotava, enfrentó un cese cautelar que ha sido “revertido temporalmente” gracias a la intervención de la consejería de Educación, aunque no podrá ser declarada funcionaria hasta que se resuelva el proceso contencioso-administrativo.
Cermi Canarias considera que este caso refleja una “discriminación flagrante” hacia las personas con discapacidad, contraviniendo la Constitución Española (artículos 14 y 49) y la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Hay, al menos, otros cuatro docentes con discapacidad que la Comisión de Evaluación Médica ha considerado “no aptos” tras aprobar la oposición. Como Laura Cánovas, con cinco años de docencia, por ser una persona sorda, sin tener la posibilidad de ajustes razonables.
El Cermi señala que la falta de protocolos “claros y objetivos” en los procesos de selección y evaluación genera situaciones de “discriminación y arbitrariedad, vulnerando el principio de igualdad de oportunidades”.
Además, y a pesar de lo estipulado en el Decreto 8/2011, de 27 de enero, que regula el acceso al empleo público de las personas con discapacidad, no se aplican los ajustes razonables necesarios para garantizar su desempeño laboral en igualdad de condiciones.
Señala también que ha “detectado irregularidades en los criterios” aplicados por la Inspección Médica, poniendo en riesgo los derechos de los aspirantes con discapacidad, al ignorar informes médicos, administrativos y profesionales que avalan su capacidad.
Propuesta
Ante esta situación, Cermi Canarias solicita al Gobierno regional la “creación de un protocolo específico que regule los procesos de evaluación y selección para personas con discapacidad”, con el objetivo de garantizar la igualdad de oportunidades y prevenir discriminaciones. Este debe incluir “criterios objetivos y ajustes razonables” en línea con los principios de la Convención de la ONU y la legislación vigente.
Propone una “revisión y actualización de las guías y normativas aplicadas” por la Inspección Médica, asegurando que respondan a las necesidades reales de las personas con discapacidad y respeten sus derechos.
El Cermi destaca la importancia de establecer un canal de “diálogo efectivo” entre la consejería de Educación, la de Función Pública y las entidades que representan a las personas con discapacidad, para coordinar acciones y garantizar el cumplimiento de la normativa. Paralelamente, se debe ofrecer “apoyo jurídico y administrativo” a las afectadas, asegurando su defensa en los procedimientos contenciosos administrativos que puedan surgir.
Laura: “No por ser sorda tengo menos derechos que el resto de opositoras”
La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE), la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Canarias (Fasican), la Asociación de Personas Sordas de Tenerife (Asorte) y Cermi Canarias también calificaron como “discriminatorio” el caso de Laura Cánovas, una docente de Educación Especial que, tras aprobar el concurso-oposición por reserva de discapacidad, fue destituida en base al informe de la Comisión de Evaluación Médica, que la declaró “no apta” para desempeñar sus funciones sin tener en cuenta la posibilidad de ajustes razonables.
“No por ser sorda tengo menos derechos que el resto de las personas opositoras. Sólo pido que se cumpla la ley y que se tenga en cuenta mi experiencia y capacidades”, declaró ayer Cánovas, quien presentó recurso de reposición. Este criterio médico ignora su desempeño durante cinco años como docente, en los que no recibió quejas de sus superiores ni del centro educativo, y contradice las normas nacionales e internacionales que promueven la inclusión laboral.
Este cese no sólo afecta a su trayectoria personal, sino que “representa un golpe” para el empleo inclusivo. “El incumplimiento de los ajustes razonables perpetúa una barrera” que impide a las personas con discapacidad acceder y mantenerse en el empleo público. La resolución “vulnera derechos fundamentales y envía un mensaje desalentador” a otras personas con discapacidad que aspiran a una carrera profesional en igualdad de condiciones. “Hay que garantizar que el talento y la experiencia sean valorados por encima de cualquier diferencia física o sensorial”.
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