Las asociaciones del Tercer Sector denunciaron a finales de 2024 las dificultades económicas que están pasando para mantener sus servicios. La situación continúa agravándose y, por ese motivo, la Asociación Asperger-TEA Islas Canarias (Aspercan) anuncia movilizaciones ante la amenaza de cierre. En el Día Internacional del Síndrome de Asperger, la entidad lamenta que tendrán que salir a la calle a denunciar que, a causa de los continuados retrasos en la concesión y abono de subvenciones, “el Gobierno de Canarias nos aboca a un cierre que dejará desamparadas a 200 personas autistas y sus familias”.
La asociación, que desde 2005 acompaña, presta apoyos y defiende los derechos de las personas autistas y sus familias en Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote, llega allí donde no alcanzan las administraciones públicas, garantizando derechos y facilitando el acceso a servicios fundamentales, pues tiene como misión principal la promoción del bienestar social y el interés general de estas personas.
Sin embargo, en los últimos años, “nos estamos viendo asfixiadas por las administraciones públicas autonómicas, insulares y municipales”. Lamentan que, “en lugar de aliarse con nuestro trabajo, promoverlo y favorecerlo, están apostando por dinámicas corrosivas hacia el tercer sector que conducen a nuestra extinción y al abandono de las personas que apoyamos”.
Entre otras acciones del Gobierno de Canarias que han convertido en dinámicas corrosivas, denuncian que “las subvenciones cada año se convocan más tarde, se resuelven en el último trimestre y se abonan al acabar el año”. Esta situación resulta del todo insostenible, puesto que Aspercan tiene que adelantar un dinero que puede llegar o no. Además, cuando llega, la cantidad concedida puede ser menor a la solicitada.
También denuncian que “las líneas de subvención, como la de IRPF, dejan de lado a las asociaciones pequeñas”, cuando somos precisamente las que proporcionan los servicios de atención directa, soluciones y respuestas que la propia Administración no da. Pese a la importancia de su cometido y de ser receptores de la ayuda desde 2017, la consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud e Infancia y Familias la negó en 2024. Y pese a que Candelaria Delgado se ha comprometido a compensar la situación, “por el momento, no ha realizado acciones concretas”, lamentó el presidente, Israel Betancort.
Además “el Servicio Canario de Salud hace uso de Aspercan, pero no nos ofrece soporte”. A través de las Unidades de Salud Mental, y ante su colapso, “derivan a pacientes a nuestro servicio de valoración diagnóstica sin proporcionarnos apoyo económico”. Denuncia “el enorme problema de injusticia social”, que aboca a “si no tienes dinero, no tienes un diagnóstico o soporte terapéutico”. Y lamenta que el director general de Salud Mental, Fernando Gómez-Pamo, les derive a una consejera, Esther Monzón, que les ignora.
Aspercan no permitirá que el Gobierno ponga en riesgo la calidad de vida actual y futura de las 200 personas autistas y sus familias que apoyan.
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