La Casa del Mar de Los Cristianos, cedida por el Estado al Ayuntamiento de Arona en 2019 para convertirse en un centro de referencia para mayores y personas con enfermedades neurodegenerativas, atraviesa una nueva etapa de incertidumbre. Mientras la planta baja sigue operativa con actividades para mayores, las superiores están siendo allanadas, según pudo constatar este periódico. El proyecto de reconversión, impulsado por el PSOE en febrero de 2023, quedó paralizado por una combinación de disputas políticas, problemas técnicos y falta de acción institucional, que ha mantenido el expediente en el mismo lugar que hace dos años.
En un comunicado publicado recientemente por el PSOE de Arona, el exalcalde José Julián Mena criticaba la “dejadez del grupo de gobierno actual con la Casa del Mar”, señalando que “ahora se ha confirmado la presencia de personas que ocupan el edificio”. Asegura que “Coalición Canaria, el Partido Popular y Más por Arona bloquearon el proyecto y, cuando llegaron al gobierno, abandonaron por completo la Casa del Mar”. El exregidor recalca que se trata de “una responsabilidad de todo el equipo de gobierno, incluidos los concejales recién expulsados, quienes precisamente gestionaban estas áreas”.
La alcaldesa, Fátima Lemes (PP), en declaraciones a la Cope, negó hace días cualquier tipo de ocupación, calificando los hechos como “allanamientos puntuales”. Además, subrayó el compromiso del ayuntamiento para evitar este tipo de situaciones y ha condenado la difusión de informaciones que, según ella, “deberían haberse verificado previamente con la administración local”. Asimismo, subraya que “su equipo está enfocado en garantizar la seguridad de los edificios públicos, al tiempo que trabaja para hacer realidad este proyecto, abandonado desde el mandato anterior”.
En 2019, el Ayuntamiento de Arona (gobernado por el PSOE) recibió por parte del Gobierno estatal la cesión gratuita de este emblemático inmueble frente al puerto de Los Cristianos. En aquel momento, la infraestructura se encontraba en un estado preocupante, con riesgo de caída de cascotes y otros restos que se resentían de la estructura del edificio.
Una de las condiciones del Ejecutivo central para el traspaso era destinar el inmueble a la creación de un centro social para personas mayores. En esa línea, los socialistas preveían transformar el edificio en un espacio con servicios especializados en alzhéimer y párkinson, salas de terapia, gimnasio y áreas culturales, como se anunció.
La iniciativa tenía como objetivo complementar la residencia de mayores de la localidad y convertir la Casa del Mar en un “referente en la comarca sur”, según declaró el entonces alcalde Mena. El proyecto contemplaba la rehabilitación de 934 metros cuadrados distribuidos en tres plantas y, tras años de trámites, fue adjudicado a una Unión Temporal de Empresas (UTE). Sin embargo, su ejecución quedó supeditada a una modificación presupuestaria.
La ruptura del gobierno del PSOE en 2020, tras la salida de los actuales concejales de MxA, marcó el comienzo de una serie de obstáculos para la renovación del inmueble. La oposición de entonces, conformada por PP, CC, los concejales que posteriormente formarían MxA, Ciudadanos por Arona, Sí se Puede-Podemos y Ciudadanos, rechazó en varios plenos el proyecto presentado por el PSOE, incluido por los socialistas en un paquete de medidas. En respuesta, la oposición presentó una contrapropuesta para desarrollar una alternativa, aprobada en el pleno, si bien nunca llegó a ejecutarse.
PARALIZACIÓN JUDICIAL
Paralelamente, surgieron problemas técnicos. En 2023, la UTE encargada de la obra se fracturó debido a una disputa entre las empresas responsables del proyecto: dos de sus miembros se denunciaron mutuamente por “discrepancias sobre la viabilidad estructural”. El conflicto derivó en la judicialización del expediente y la paralización total de las obras, manteniendo el proyecto estancado hasta ahora.
Hoy, la Casa del Mar enfrenta una realidad muy distinta a la proyectada. Según indican varios testigos a este periódico, diversas personas acceden frecuentemente a las plantas superiores del edificio, saltando la valla perimetral instalada por el consistorio. Algunos responsables que se encuentran inmersos en la gestión de las actividades en este inmueble reconocen su preocupación: “Tenemos miedo de quedarnos solos”.
En el último pleno municipal, celebrado el pasado 30 de enero, se aprobó por unanimidad una moción para “agilizar la reactivación del proyecto”, pero hasta el momento se está a la espera de determinar los plazos concretos para comenzar las obras.
El exedil de Obras Públicas y Vivienda, Juan Sebastián Roque (MxA), señaló ayer a este periódico que “la moción tenía como objetivo agilizar el proceso, pero también se debería trabajar en la salida de los ocupantes y en la realización de rondas perimetrales de seguridad”, explicó el concejal que estaba a cargo de este área hasta hace un mes, tras la decisión de la alcaldesa de prescindir de su partido en el gobierno local aronero.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas