La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) insistió ayer en su llamamiento para que se mantengan las garantías que existen en la actualidad en España para los solicitantes de asilo cuando se implemente el Pacto de Migraciones y Asilo de la Unión Europea, en junio de 2026, y en que “todas las nuevas medidas siempre pongan en el foco la protección y la defensa de los derechos humanos”, declaró a los periodistas la coordinadora nacional de Incidencia y Comunicación de CEAR, Nuria Díaz, en el marco de un seminario sobre la aplicación práctica de este acuerdo en Casa África.
A propósito de la derivación de los menores migrantes no acompañados que llegan a Canarias, el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar reprobó ayer que se llegase a un entendimiento a escala europea y, en España, “no se consiga que las comunidades gobernadas por el PP acepten la solidaridad con Canarias”. Igualmente, el consejero ante el Comité Económico y Social europeo transmitió que le resulta “escandaloso que las autonomías no cumplan con su obligación de acoger”, al señalar la paradoja de que España, como Estado, exige a las instancias de la Unión Europea la distribución de personas que llegan “por nuestra situación geográfica”, pero España internamente “no lo cumple”. Es, apostilló, “un problema que debemos resolver en nuestro país, para adaptarnos a las exigencias del derecho europeo”.
La abogada especializada en extranjería, asilo y protección infantil en ejercicio en Tenerife Vania Oliveros calificó de “positiva” la medida cautelar del Tribunal Supremo al Gobierno de España para que, en un plazo de 10 días, se haga cargo de un millar de menores no acompañados solicitantes de asilo que están actualmente a cargo de los servicios de protección de menores de Canarias. Oliveros cree que el Ejecutivo central no presentará recurso contra esa decisión y que articulará las fórmulas necesarias para dar acogida a los casi 1.300 menores en esta situación. Precisamente, también en Las Palmas de Gran Canaria, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, recalcó que ya trabaja para cumplir el auto. “Estamos en ello”, respondió al ser preguntado sobre este asunto en la jornada de clausura de la reunión de los presidentes de las Audiencias Provinciales del país.
El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez (PP), espera que el Ejecutivo central “no busque ninguna artimaña” y acate la cautelar del Tribunal Supremo, “ninguna actuación que no sea la de tutelar, la de cuidar, la de atender, la de aliviar la presión que tiene Canarias con esos menores no acompañados, niños particularmente de Mali, que huyen de una guerra”.
En Casa África, Nuria Díaz expresó que desde CEAR ven “con preocupación” que, “a diferencia del contexto actual, el Pacto de Migraciones y Asilo de la Unión Europea plantea nuevos riesgos para las personas migrantes y solicitantes de asilo”, como la extensión de la detención, que consideran que debe darse en último lugar.
También, la aplicación de procedimientos fronterizos acelerados, “que pueden dificultar que se identifiquen situaciones de especial vulnerabilidad. Ese compromiso fue aprobado en el Parlamento Europeo el 10 de abril de 2024 y adoptado formalmente por el Consejo de la UE apenas el 14 de mayo. En palabras de López Aguilar, la Eurocámara se ha “empleado a fondo durante 10 años” para intentar cumplir el mandato del Tratado de Lisboa. Reconoció que se trata de una cuestión “extremadamente espinosa”. No obstante, resaltó que los reglamentos establecen “un equilibrio aceptable entre responsabilidad compartida y solidaridad obligatoria”.
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