El Ayuntamiento de La Laguna, a través de la Concejalía de Presidencia, ha puesto en marcha un canal de denuncias destinado a recoger información sobre presuntas infracciones penales o administrativas graves o muy graves relacionadas con el Consistorio.
Esta herramienta permite a la ciudadanía presentar reclamaciones de forma anónima o identificada, garantizando en todo caso la confidencialidad del denunciante y el seguimiento del expediente.
El alcalde del municipio, Luis Yeray Gutiérrez, señaló que con este nuevo canal se refuerza la lucha contra la corrupción y se facilita la colaboración ciudadana en la prevención y detección de posibles casos de fraude, que en ocasiones no se denuncian por miedo a represalias.
Añadió que este sistema permite tramitar directamente las incidencias que contravengan las normativas o, en su caso, comunicarlas de forma inmediata al Ministerio Fiscal u otros organismos competentes.
Sanciones de hasta 300.000 euros por información falsa
La concejala de Presidencia, Carla Cabrera, explicó que esta iniciativa responde al cumplimiento de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
Recordó, además, que revelar información falsa de forma intencionada constituye una infracción muy grave, y que la normativa vigente contempla sanciones económicas de entre 30.001 y 300.000 euros para las personas físicas que incurran en este tipo de conductas.
La persona responsable designada por el Ayuntamiento será la encargada de investigar y evaluar las posibles irregularidades planteadas a través del canal, resolviendo conforme a lo establecido en la normativa aplicable.
Si la denuncia incluye una dirección de correo electrónico de contacto, el denunciante recibirá notificaciones sobre el avance del procedimiento o su eventual archivo. En los casos en que la denuncia no sea anónima, la identidad del autor o autora será preservada y solo podrá comunicarse a la autoridad judicial, al Ministerio Fiscal o a la autoridad administrativa correspondiente en el marco de una investigación penal, disciplinaria o sancionadora.
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