La asociación de vecinos El Perenquén pedirá al Ayuntamiento de Santa Cruz que desmantele de manera inmediata el carril bici y la Zona Urban al afirmar que “se ha implementado sin base legal, con la anterior ordenanza anulada y la actual, con artículos suspendidos cautelarmente”, según indicó ayer el abogado Felipe Campos en una rueda de prensa para explicar las consecuencias de la anulación,por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de la ordenanza de Movilidad y Seguridad Vial.
Además,advirtió, respecto a la Zona de Bajas Emisiones, de que “no puede realizarse ninguna actuación ni contratación, como parece que así se está haciendo con la instalación de cámaras de seguridad”, al etar fuera del marco legal. El abogado añadió que, de no atenderse las demandas de la asociación,”se irá al contencioso administrativo”.
Campos dijo también que “desde el punto de vista democrático, lo que procede es que el Ayuntamiento consulte a los ciudadanos sobre esta medida que se quiere implantar, sabiendo que existe una oposición ciudadana generalizada”. Ahora bien , añadió, “si se quiere hacer contra la voluntad de la gente, al menos, que se haga dentro de la legalidad.
Por su parte , la concejala de Movilidad y Accesibilidad Universal, Evelyn Alonso, destacó que “la intención de judicializar la vida política y la gestión municipal en estas materias por parte de una asociación de vecinos choca con el modelo que persigue convertir a Santa Cruz en una ciudad del futuro, donde la regulación del espacio público que es de todos, la disminución de la huella de carbono y la sostenibilidad sean los ejes donde queremos situarnos”, y recordó que “es la propia Europa la que exige a las ciudades de más del 50.000 habitantes la Zona de Bajas Emisiones”.
“La estrategia de algunos , sustentada en el no a todo de cualquier avance colectivo y de sostenibilidad, primando exclusivamente la comodidad del derecho individual, no puede llevarnos a otro lugar que a la Santa Cruz del pasado siglo XX, con la Ordenanza de Movilidad de 1985, una ciudad que no tiene nada que ver con la actual ni las necesidades de su población”.
“Desde el máximo respeto a las decisiones judiciales, debemos volver a confirmar que se están valorando y preparando las consecuencias de la sentencia y, por lo tanto, el recurso ante el Supremo por la suspensión de la Ordenanza de Movilidad”.
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