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Se suspenden los derribos de viviendas en Lomo Negro por riesgo de altercados

La Agencia Canaria de Protección del Medio Natural frena la demolición prevista de dos casas tras las protestas vecinales. El procedimiento queda ahora en manos del juzgado
Vecinos de Lomo Negro en las protestas. Fran Pallero

La demolición de dos viviendas en la urbanización ilegal de Lomo Negro, junto al núcleo aronero de El Fraile y prevista para ayer, ha sido suspendida temporalmente por “motivos de seguridad”. Tras una tensa jornada de espera de los afectados y ser convocada una manifestación vecinal, esa fue la decisión finalmente tomada por la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural.

La propia Agencia confirmó ayer a este periódico que la intervención “no pudo garantizarse sin riesgos para los cuerpos de seguridad, por lo que se optó por frenar la actuación”. La medida se tomó para ejecutar una orden administrativa de restitución de la legalidad urbanística por construcciones de viviendas en suelo rústico.

Montserrat Ortega, directora ejecutiva de esta administración, explicó el procedimiento que se está llevando a cabo en Lomo Negro: “En estos caso, se requiere al particular para que restituya voluntariamente su parcela al estado original. Si no lo hace, y tras un periodo de tiempo debidamente estipulado, interviene la Administración. En este caso, teníamos todas las autorizaciones necesarias y se notificó a los vecinos la fecha de actuación”.

Sin embargo, Ortega señaló que, debido a las protestas anunciadas, la Policía Canaria advirtió del posible riesgo de altercados: “Los cuerpos de seguridad nos trasladaron que no se podía garantizar que la actuación pudiera llevarse a cabo con normalidad, tanto para funcionarios como para ciudadanos”. Aunque la directora sabía que la manifestación era de carácter pacífica, la decisión de no intervenir, a su juicio, se considera “prudente y responsable”.

“NO HEMOS DORMIDO NADA”

La Agencia comunicó ayer la suspensión del procedimiento al juzgado, que deberá decidir próximamente cómo continuar con este caso. La documentación y los informes necesarios ya están siendo preparados.

En Lomo Negro, la jornada de ayer transcurrió entre la tensión y la incertidumbre. Desde primera hora de la mañana, los vecinos concentrados en la calle principal de la urbanización ilegal aguardaban la llegada de la maquinaria, tras días marcados por la presión y el miedo al derribo. Claudia Herrera, una de las afectadas, recibió la notificación el pasado día 9. Desde entonces, asegura, ha vivido en un estado de ansiedad constante.

“No hemos dormido nada estas semanas. Ayer, por ejemplo, ya desde las 4 de la mañana estábamos despiertos. Finalmente, nadie vino. Nos enteramos por comunicaciones externas de que se había paralizado el proceso, pero oficialmente no nos avisaron”.

Herrera, que reside junto a su pareja y su hija menor de edad, denuncia la falta de coordinación institucional: “Nos reunimos recientemente con la alcaldesa y nos dijo que ésta no era competencia municipal. Se han pasado la pelota entre las administraciones”.

Empadronados y pagando tasas de basura

La urbanización de Lomo Negro, situada junto al núcleo aronero de El Fraile, comenzó a formarse hace más de un decenio. En ella viven actualmente unas 700 personas. El desarrollo del asentamiento comenzó con la compraventa irregular de pequeñas parcelas por parte de varios promotores, en terrenos clasificados como suelo rústico, donde no está permitido el uso residencial. Sobre esas parcelas se levantaron cerca de 300 viviendas sin cobertura legal.

Pese a la situación de ilegalidad urbanística, en Lomo Negro se da una paradoja: alrededor de 200 personas han conseguido empadronarse oficialmente, incluso llegando a pagar tasas de basura y otros tributos municipales.

En octubre de 2024, según pudo saber DIARIO DE AVISOS, al menos una veintena de viviendas recibió órdenes de demolición. Las sentencias establecían plazos de uno a dos meses para devolver las parcelas a su estado original. Varios vecinos recurrieron las resoluciones por la vía contencioso-administrativa, sin éxito.
Ante esta situación, los residentes han solicitado insistentemente una moratoria o la reactivación del Plan General de Ordenación (PGO), paralizado desde hace años. La presidenta de la asociación vecinal, María del Rosario Estapliet, ha recordado en varias ocasiones que las mil personas que residen en Lomo Negro “invirtieron todos sus recursos” y “se quedarían en la calle”

Por ahora, la intervención queda aplazada, en un capítulo más de una larga y compleja historia urbanística que sigue sin resolución en Arona.