El parque García Sanabria, ubicado en el corazón de Santa Cruz, estará vigilado por veinte videocámaras fijas a partir del próximo mes de junio, fecha en la que el Ayuntamiento capitalino prevé instalar el nuevo sistema de vigilancia, que se situará en la zona del Reloj de Flores y la charca de Las Ranas del jardín botánico, donde, en los últimos años, se han registrado diversos actos vandálicos.
El concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, anunció ayer a DIARIO DE AVISOS que “la previsión es poder colocar las cámaras en dos meses, una vez se licite el servicio que se puso en marcha tras recibir la autorización de la Subdelegación del Gobienro a colocar tres sistemas de videovigilancia, que deberán estar señalizadas y operativos los 365 días del año para asegurar la seguridad del parque”.
La medida fue solicitada por el ayuntamiento a la Subdelegación del Gobierno y al Tribunal Superior de Justicia de Canarias en enero de 2024, recibiendo el permiso para su colocación siete meses más tarde, con el objetivo de que las veinte cámaras contribuyan a ahuyentar a quienes se dedican a abandonar o liberar determinadas especies exóticas en las charcas o a realizar actos vandálicos en el citado entorno.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, señaló ayer que esta decisión “permitirá a la Policía Local vigilar estas zonas del parque, garantizar la seguridad ciudadana y prevenir actos delictivos al Reloj de Flores y a las charcas, en las que, a menudo y sin contemplar el riesgo medioambiental ocasionado, se abandonan animales exóticos”.
Mientras, Tarife recordó que “llevamos tiempo sufriendo actos incívicos que afectan a la flora y la fauna del parque. De ahí la necesidad de poder colocar cámaras que faciliten identificar a aquellos que cometen estas prácticas”. Además, recordó que “las continuas reparaciones del Reloj de Flores, a consecuencia de los actos vandálicos, suponen al consistorio un gasto anual de entre 3.500 y 5.000 euros, pues el importe de cada rehabilitación puede variar entre los 265 y los 530 euros, dependiendo del tiempo que lleve cada una de ellas”.
Cuando las grabaciones capten hechos que pudieran ser constitutivos de actos delictivos graves o muy graves se pondrán a disposición de la autoridad judicial en el plazo máximo de 72 horas para el inicio del procedimiento sancionador. En caso de que las grabaciones no estuvieran relacionadas con una investigación oficial, se procederá a su destrucción en un mes.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas