La Plataforma Canaria de Educación Inclusiva ha registrado sendos escritos de advertencia jurídica ante el Consejo Consultivo y el Consejo Escolar de Canarias por considerar irregular la tramitación del decreto en este ámbito por parte del Gobierno canario y que, a su juicio, amenaza el derecho a la educación del alumnado con discapacidad.
Según esta entidad, que representa a familias y profesionales del ámbito de la discapacidad y la inclusión educativa, la norma se está elaborando sin cumplir los requisitos legales del procedimiento administrativo y sin garantizar la participación de la comunidad educativa ni de las entidades representativas del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE).
Al respecto, la Plataforma advierte en un comunicado de lo que considera graves irregularidades, como que el decreto no ha sido incluido en el plan normativo anual del Gobierno, no se ha elaborado la memoria de análisis de impacto normativo, obligatoria por ley, y no se ha abierto consulta pública previa, a pesar de que la norma afecta directamente al ejercicio del derecho fundamental a la educación.
Además, continúa la Plataforma, el borrador ha sido difundido de manera informal y selectiva, sin garantías de transparencia y no se ha recabado el dictamen preceptivo del Consejo Consultivo ni del Consejo Escolar, órganos que deben intervenir antes de aprobar normas que afecten al sistema educativo y a derechos fundamentales.
A su juicio, además de los defectos formales, este decreto “perpetúa la segregación” con un modelo de escolarización contrario a la Constitución, a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU y a la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
Ahonda en esta cuestión al señalar que la propuesta normativa permite derivaciones a centros de educación especial sin garantías de ajustes razonables ni apoyos en centros ordinarios, vulnerando el derecho subjetivo a la educación inclusiva y agravando las desigualdades sociales.
La Plataforma ha acompañado los escritos con un informe jurídico sobre la nulidad del procedimiento, un documento de enmiendas al decreto y copia del escrito registrado en el Parlamento de Canarias el pasado 28 de marzo, en el que ya se advertía a la Consejería “de la ilegalidad del procedimiento y de la necesidad de respetar la reserva de ley” en materia de educación.
Asimismo, la Plataforma expone que, el pasado 7 de mayo durante su comparecencia en el Parlamento de Canarias, el consejero de Educación, Poli Suárez, reconoció que la Consejería está manteniendo reuniones informales con los entes implicados en la elaboración del decreto.
Sin embargo, estas reuniones no se documentan, no se publican ni se permite el acceso a sus contenidos, lo que impide su trazabilidad y verificación, critica la Plataforma, que entiende que este proceso no puede considerarse válido como sustitutivo de la consulta pública previa exigida por ley al no cumplir con las exigencias mínimas del principio de transparencia que el propio consejero afirma estar cumpliendo.
Por ello, anuncia que requerirá formalmente al Parlamento de Canarias que se cumpla con el procedimiento legalmente establecido en el ordenamiento jurídico durante todo el proceso de elaboración, modificación y aprobación del Decreto, de modo que se garantice la participación efectiva de todos los entes implicados.
Además, solicita que se recojan oficialmente sus propuestas y aportaciones, con trazabilidad documental, se intente alcanzar el mayor grado de consenso posible, se asegure la participación real y accesible de las familias y personas directamente afectadas por esta norma y se respete el principio de transparencia y publicidad, como condición para la legitimidad del proceso.
“Las familias no quieren seguir sufriendo las imposiciones de la administración educativa, que de forma reiterada obliga a recurrir a la vía judicial para que sus hijos puedan ejercer su derecho a la educación en condiciones de igualdad y con las mismas garantías que el resto del alumnado sin discapacidad”, apostilla la Plataforma.
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