La presidenta del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), Charín González, ha enviado una carta a la empresa pública Visocan, actual propietaria de las 358 viviendas de Añaza, en la que solicita “medidas específicas” para el abordaje de las personas en extrema situación de vulnerabilidad social y económica que, actualmente, residen como okupas alegales en estos pisos al no poder hacer frente al pago del alquiler exigido por parte de dicha entidad gestora del Gobierno de Canarias.
En la misiva, a la que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, el IMAS solicita que Visocan estudie individualmente once casos de unidades de convivencia detectados con el fin de “establecer medidas que contemplen la condonación total o parcial de la deuda y la revisión de la renta mensual”, ajustándola a la capacidad económica de cada familia. Igualmente, reclama que “esta línea de trabajo se extienda progresivamente al resto de las unidades de convivencia afectadas, priorizando los casos de mayor vulnerabilidad, además de que se convoque una reunión de seguimiento para concretar los mecanismos de coordinación entre las partes implicadas”.
El pasado mes de marzo se celebró una reunión entre el Ayuntamiento de Santa Cruz y Visocan para analizar la problemática que afecta a numerosas familias residentes en la parcela I de Añaza, en situación extrema de vulnerabilidad. Trabajadoras sociales iniciaron un mes antes un diagnóstico técnico en las unidades familiares con ingresos inferiores a los 600 euros al mes, las cuales han de afrontar rentas de alquiler que oscilan entre los 285 y 350 euros, y a los que se suman las deudas acumuladas durante estos años.
En dicho análisis se ha identificado a 43 unidades de convivencia especialmente afectadas, de las que once presentan una situación “crítica” y son objeto de la primera propuesta que se refleja en la petición del IMAS. En este sentido, incide en que las prestaciones municipales (PEAS) “no permiten abordar de forma efectiva esta problemática y, entendemos, que tampoco es la solución. Por ello se propone la colaboración con Visocan para implementar medidas específicas como la condonación o reducción de deuda acumulada y la adecuación de las rentas mensuales a la capacidad económica real de las familias”.
Entre los once casos críticos hay personas sin ingresos o cuyas rentas rondan los 500 euros mensuales, y, pese a ello, han de abonar a Visocan un alquiler entorno a los 350 euros. Aunque las PEAS entre 2016-2024 han oscilado entre 10.000 y 20.000 euros, la deuda acumulada se sitúa entre 4.000 y 12.000 euros, según unidades de convivencia analizadas.
La problemática de las viviendas de Añaza surgió en 2019, cuando Visocan adquirió las 358 casas de estos bloques tras un acuerdo con el Banco Santander para evitar su venta a un fondo buitre. Según los vecinos, se prometió que los que estuvieran como okupas se les haría un contrato de alquiler como viviendas de protección oficial, pero alegan que este compromiso no se ha cumplido.
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