Varios centenares de personas volvieron a salir a las calles en Tenerife y Gran Canaria para gritar no a la violencia escolar, el bullying mata y que ni un niño más se suicide por acoso escolar, además de pedir a las administraciones acciones y protocolos eficientes, apoyo psicológico y protección a las víctimas y una ley integral que proteja de manera urgente y efectiva a nuestros menores en los entornos educativos y sociales.
Convocadas por el colectivo Rompe el silencio Canarias promovido por Laura Fernández, la mamá de Lucía, la menor que se suicidó el pasado 20 de febrero ante el acoso escolar que sufría en Puerto de la Cruz, un centenar de personas se manifestaron tras una pancarta con el lema Ni uno más, que llevó la familia de Lucía, desde la playa de Martiánez hasta el muelle portuense, donde se recogieron firmas para promover una ley estatal contra el acoso y la violencia escolar. Son necesarias 500.000 firmas para promover esta normativa que establezca medidas reales de protección para la infancia y la adolescencia en los centros
La mayoría de asistentes, familiares y amigos de menores y adolescentes que han sufrido acoso, vistieron camisas de color blanco o azul (color vinculado al espectro autista que padecía Lucía) y llevaban pancartas con lemas como El Bullying mata, No más dolor, No al bullying, además de las fotografías de una veintena de menores y adolecentes que se han suicidado tras ser víctimas de acoso escolar, mientras gritaban “Ni uno más”; “No más bullying”; “El bullying mata”; “No más violencia escolar”; o “No son cosas de niños, es violencia escolar”.
Laura Fernández tomó la palabra al final de la manifestación para afirmar que Rompe el silencio Canarias ha nacido para luchar por visibilizar una realidad que las administraciones tratan de ocultar, la violencia escolar y “a todos aquellos menores y jóvenes que ya no están con nosotros”.
¿Os parecen pocos?
Así nombró para que no caigan en el olvido a Lucía, Daniela, Kira, Claudia, Laura, Lucía, Alan, Adán, Alana, Alejandro, Hugo, Ilám, Óscar, Sara, Diego, Carla, Mario, Celia, Jokin, Mónica, Zulima, Elisabeth, Pablo, Nerea, Ariadna, Ángel, Unai, Saray, Arantxa, Mikel, Andrés, Mateo…. “¿Os parecen pocos? Estos son a los que podemos poner nombre, porque hay muchos padres que por no enfrentarse a la administración no han denunciado”.
Así recordó, además de a su hija, los casos de Zulima, al menos la primera víctima en Tenerife de que tienen constancia, de Noah, también en Tenerife, o de otro menor, que se quitó la vida en Gran Canaria, cuyas madres estaban entre los asistentes y no la dejaron denunciar. Señaló que “es una injusticia que las administraciones silencien los nombres y oculten las víctimas”, y consideró que “no son sucesos normales. No se quita la vida porque un menor de 12 o 17 años. Mi niña no se quitó la vida porque sí, porque ustedes la conocían”, recalcó.
Señaló que “protestamos para exigir una ley integral para la prevención del suicidio infantil y adolescente, y una ley integral contra la violencia escolar”, recordando que ante pelea, agresión o acoso en un centro, “basta ya de quitarle importancia y considerarlo cosas de niños”. Pidió a las administraciones actuar contra estas situaciones violentas, “porque estamos creando una pandilla de monstruos que piensan que son intocables hasta los 18 años, y ya luego no tienen solución”.
Por su parte, en Las Palmas de Gran Canaria, casi un centenar de personas se manifestaron convocados por varias asociaciones de inclusión y contra el acoso escolar.
Normativa
Entre las demandas de esta futura normativa: crear protocolos de prevención y actuación ante el bullying obligatorios en todos los centros educativos, públicos y privados; formación continua y obligatoria para el profesorado en prevención de la violencia escolar, detección del acoso y del riesgo suicida; unidades de intervención psicológica y social en los centros escolares o de acceso inmediato, especializadas en salud mental infanto-juvenil; obligación de actuación inmediata, con intervención profesional en un plazo máximo de 24 a 48 horas desde la detección de un caso de acoso o señales riesgo suicida; atención y acompañamiento para menores en riesgo y sus familias; protección legal para menores con discapacidad, diversidad funcional, TEA u otras condiciones de vulnerabilidad; sanciones ejemplares y proporcionales a la gravedad de los hechos para los agresores, garantizando su reeducación, así como la seguridad y justicia para las víctimas; sancionar la inacción institucional o educativa ante estos casos; o establecer campañas de sensibilización y prevención.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas