El Ayuntamiento de Granadilla de Abona recibió un requerimiento formal del Ministerio de Hacienda tras incumplir el plazo legal de pago a proveedores durante el primer trimestre de 2025. Según el escrito oficial remitido por la Dirección General de Estabilidad Presupuestaria, la corporación local presentó un periodo medio de pago (PMP) “superior a los 35 días entre enero y marzo”.
Además, el ratio de operaciones pendientes de pago al cierre de marzo superaba los 60 días. Sin embargo, el propio Ministerio concluye que no se trata de un problema de liquidez, sino de gestión administrativa: “Se trata de posibles problemas de gestión”, a la vez que insta a aprobar medidas estructurales.
El alcalde José Domingo Regalado, del grupo de gobierno actual, atribuye la situación a la anterior gestión socialista. “No se pagaba a proveedores, se hacían viajes sin ficha presupuestaria ni proyecto, y los proyectos estaban congelados desde el mandato anterior para sacarlos a dos años de las elecciones”, declaró.
El concejal de Hacienda, Rubén García Casañas, explicó que el requerimiento del Ministerio “se recibió oficialmente entre abril y mayo”, ya que se basa en los datos del primer trimestre del año. Casañas valoró que, en la etapa anterior de Miranda al frente de la administración granadillera, “no se gozó de una buena política en gestión económica”.
Desde el grupo socialista, el portavoz David Santos ofreció una explicación técnica sobre el comportamiento cíclico del PMP. Según Santos, “durante el año hay dos momentos en los que el periodo medio de pago se incrementa”. Uno de ellos es el tercer trimestre (julio a septiembre), cuando el periodo vacacional del personal administrativo ralentiza los procesos. Pero el incremento más significativo ocurre en el primer trimestre del año debido al cierre contable.
Además, Santos señaló un nuevo factor añadido en 2024: la entrada en vigor de un procedimiento más riguroso en Tesorería para ordenar pagos, que ahora exige un informe adicional, una segunda fiscalización, una nueva resolución y una comprobación final de deuda. “Esto aumenta los tiempos de tramitación”, afirmó.
De esta forma, el órgano ha exigido al ayuntamiento que apruebe medidas concretas para agilizar la conformidad y aprobación de facturas, optimizar los procedimientos de contratación y elaborar un plan de tesorería que garantice un flujo ordenado entre ingresos y pagos.
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