El Gobierno de Canarias anunció ayer que pedirá al Ejecutivo estatal que adopte medidas correctoras para adaptar las bases del programa Verano Joven a la realidad insular, al entender que la configuración actual del mismo supone “la exclusión de la mayoría de la juventud residente” en las Islas.
La decisión de elevar dicha petición se produjo después de una reunión mantenida entre la directora general de Transportes y Movilidad del Gobierno canario, María Fernández, y el director general de Juventud, Daniel Morales, durante la cual se han tenido en cuenta los datos y las opciones alternativas con las que se cuentan, en información facilitada desde la Consejería autonómica de Bienestar Social.
Tanto Fernández como Morales han coincidido en que, aunque comparten el fin de este programa de subvenciones al transporte por guagua o tren, lamentan “que la configuración actual del mismo suponga, en la práctica, la exclusión de la mayoría de la juventud residente en Canarias, dependiente del transporte aéreo y marítimo para conectar con el resto del Estado”, como ya habían denunciado altos dirigentes de las Islas como por ejemplo la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila.
En ese sentido, los citados altos cargos del Gobierno regional han apelado a conseguir una colaboración interadministrativa que posibilite “una movilidad juvenil más justa y cohesionada”, al tiempo que han recordado que existen precedentes en los que este tipo de programas, por ejemplo el Imserso, sí han tenido en cuenta las peculiaridades canarias.
Por motivos obvios, Fernández y Morales valoraron especialmente la posibilidad de que las medidas correctoras que proponen al programa en cuestión se adopten puedan tener efecto en la actual convocatoria de este programa para el verano de 2025.
En ese sentido, Daniel Morales ha destacado que el planteamiento actual del programa “ha generado una honda preocupación social y un amplio eco en medios de comunicación, así como posicionamientos institucionales de distintas administraciones del Archipiélago y organizaciones juveniles” para reclamar la revisión de las bases actuales que lo rigen.
Por su parte, María Fernández ha insistido en que el Ejecutivo regional defiende “una movilidad accesible, sostenible y en igualdad de condiciones para toda la población del Estado, con independencia del territorio en el que resida”.
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