La antigua estación de guaguas del Puerto de la Cruz, ubicada en la calle El Pozo, se ha convertido en un refugio para personas sin hogar que viven y duermen rodeados de basura, enseres en desuso, trozos de madera y de ventanas que, con toda probabilidad, pertenecían a los locales comerciales que formaban parte del inmueble.
No es la primera vez que ocupan el inmueble desde que en septiembre de 2008 fue cerrado por deficiencias en su estructura. Ya en el año 2012 fue el refugio de muchos sin techo que pernoctaban en su interior entrando por una de las ventanas traseras que, a manera de puerta de acceso, habían cubierto con cartones y tablas.
En esta ocasión, según precisa la responsable de Bienestar Social, Sandy Reina, lo han hecho por una parte que quedó sin tapiar. Sin embargo, este periódico pudo comprobar que hay recovecos que lo permiten con relativa facilidad.
La concejal confirma que se enteró este mismo viernes que había dos personas viviendo allí e inmediatamente dio aviso a la Policía Local para que investigara en qué condiciones se encontraban.
Evidentemente no son buenas. Las fotos lo confirman. Están rodeadas de todo tipo de basura, desde botellas de plástico, latas, restos de comida, hasta ropa, zapatos, y objetos de todo tipo. Por la cantidad, se deduce que han sido acumulada durante mucho tiempo.
“Estas dos personas tienen problemas pero tienen su casa. Las tenemos controladas, sabemos quiénes son, se les ha dicho que nos trasladen lo que necesitan pero se niegan, no quieren ayuda sino ir a su aire”, asegura Sandy Reina.
La insalubridad en la que viven unido a las planificaciones futuras sobre la transformación de este espacio, que será demolido, obligan al Ayuntamiento a adoptar medidas en un breve periodo de tiempo.
Allí se levantará un edificio multifuncional para actividades sociales, culturales y de carácter administrativo, además de una plaza pública, varios edificios comerciales que fomenten la dinamización económica del entorno, y un aparcamiento subterráneo distribuido en cuatro plantas, con 900 plazas destinadas a aliviar la presión del tráfico en el casco.
La redacción del proyecto de demolición se le ha encargado a la Sociedad Mercantil Pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental S.A. (Gesplan) y si no hay inconvenientes de último momento, a final de año debe estar listo, momento en el que estas personas deben estar ubicadas en otros lugares. “El Ayuntamiento trabaja para que puedan salir de allí, ingresar en cualquier recurso que sea apropiado a su circunstancia y, al mismo tiempo, limpiar y tapiar esa parte de la vieja estación para que nadie vuelva a entrar”, sostiene la concejal.
Indica que no ha recibido ninguna queja por parte de los vecinos de la zona por disturbios o molestias pese a que no son ajenos a esta realidad. En general, afirma que la ciudadanía “ayuda mucho a esta labor y avisa cuando ve a personas en esta situación. En ese caso, se activa todo el operativo, se las identifica, se detectan sus necesidades y si se encuentran mal se las traslada al centro de salud para que puedan hacerle una valoración. Si su estado es más grave, al hospital”, especifica.
Una adaptación complicada
“Es una situación complicada, que no se puede tomar a la ligera. Cada persona que vive en la calle es un drama porque hay una vida detrás, a veces rota y otras con muchos problemas por adicciones y por eso hay que tratarlo con mucha delicadeza. La mayoría de las personas que están en esta situación no se adaptan fácilmente a las normas”, recalca.
“Estas dos personas tienen problemas pero tienen su casa. Las tenemos controladas, sabemos quienes son, se les ha dicho que nos trasladen lo que necesitan pero se niegan, no quieren ayuda sino ir a su aire”, añade la concejal.
Para apoyar a la gente que vive en la calle y que además de recursos, vivienda y medicación necesita ingresar en centros de salud mental y de desintoxicación de las adicciones, el Consistorio trabaja de la mano de Cruz Roja, la Unidad Móvil de Atención en la Calle (UMAC), el proyecto Base 25 de Cáritas y la Asociación SUMAS. “Es una labor tediosa y lenta, pero no vamos a dejar de hacerla en ningún momento”, recalca Reina.
En algunos casos ha dado sus frutos y se ha conseguido que salgan adelante. “Han personas que se han incorporado a trabajos, otras a las que se les ha regularizado su situación o empadronado. Ello supone que casi todos los días haya que hacer un recuento para ver cómo están, qué necesitan y seguir insistiendo en la ayuda, pero algunas se resisten”, insiste.
El informe de la Policía de esta semana es que hay 22 personas viviendo en las calles de la ciudad, de las cuales solo 5 son del Puerto de la Cruz. El resto provienen de municipios vecinos, de la Península o del extranjero, en concreto, de Rumanía, Marruecos, Gambia e Italia. “Estamos trabajando con las embajadas y sus familias para poder enviarlos a sus países de origen, como hemos hecho en otras ocasiones”, puntualiza la concejal.
No obstante, este número varía casi a diario y por eso es indispensable realizar un control permanente. Y es un dato positivo si se tiene en cuenta que hace once meses atrás, cuando Sandy Reina llegó a la Concejalía de Bienestar Social este número era de 72 personas, más del triple que en la actualidad.
Una situación similar
En 2018 una situación similar se vivió con la antigua piscina municipal, abandonada durante más de tres años. Antes de otorgarle al Cabildo de Tenerife la parcela para comenzar las obras y convertirla en el Centro Insular de Deportes Acuáticos -todavía sin inaugurarse- se tuvo que buscar una alternativa habitacional a las personas indigentes que vivían allí. Algunos se fueron con sus familias y otros a diferentes recursos que se les consiguió mediante servicios sociales.
En este caso, según los informes elevados por la Policía Local, los moradores habían hecho de las suyas cebándose con algunos de los trofeos y archivadores de documentación que se guardaban en las instalaciones, conseguidos, entre otros, por el equipo de Waterpolo del Club Natación Martiánez, que competía en División de Honor.
La Policía Local ponía de relieve la necesidad de poner coto a esa situación porque suponía un foco de inseguridad ciudadana para la zona, además de otros inconvenientes, como la insalubridad de un inmueble que en ese momento no tenía ningún tipo de mantenimiento.
Conviene recordar que la antigua estación de guaguas cayó en desuso tras detectarse graves deficiencias estructurales. Desde entonces, ha estado cerrada y se ha ido deteriorando de forma progresiva, con el riesgo que, supuestamente, tiene para las personas que están dentro.
Un número que se redujo de 72 a 22 personas en menos de un año
Sandy Reina se hizo cargo de la Concejalía de Bienestar Social en agosto del año pasado, tras la moción de censura que presentaron PP, ACP y CC para desbancar de la Alcaldía a Marco González (PSOE). Asegura que al llegar al Ayuntamiento la situación de las personas en calle “era bastante más complicada”.
Según los informes de ese momento de la Policía Local, había localizadas 72 personas en esa situación mientras que el último dato, de esta misma semana, indica que son 22, de las cuales 17 son hombres y 5 mujeres.
De ellas, 5 tienen entre 18 y 30 años de edad; 9 entre 30 y 50; y 8 entre 50 y 65 y solo 5 son del Puerto de la Cruz, el resto son extranjeros o de otros puntos del país y por eso se trabaja con sus respectivas embajadas y sus familias para poder enviarlos a sus países de origen, como se ha hecho en otras ocasiones, indica la concejal.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas