La Jefatura de la Policía Local de Tinajo (Lanzarote) ha aclarado este miércoles que “en ningún caso se ha procedido a trasladar o facilitar alojamiento a personas denunciadas o investigadas como presuntos agresores en materia de violencia de género” por parte del Ayuntamiento.
En un comunicado difundido ante la polémica ocasionada por las declaraciones en el pleno del alcalde, Jesús Machín (CC), que luego él mismo rectificó, la Policía Local asegura que participa en el acuerdo firmado desde el año 2017 entre el Consistorio y el Ministerio del Interior para hacer un seguimiento integral de la violencia machista.
También señala que son parte activa del sistema Viogén, donde se establece el protocolo de actuación en los casos de violencia contra la mujer y donde cuenta con cuatro agentes responsables de la actuación y seguimiento de los casos de maltrato en el municipio.
Asegura que, en situaciones de especial vulnerabilidad, “y siempre que ha sido necesario o que la persona perjudicada así lo haya solicitado”, se han adoptado medidas para proporcionar a la víctima los diferentes recursos sociales existentes de forma preventiva y temporal, como así establece el protocolo Viogén.
“La Policía Local de Tinajo quiere reiterar su firme compromiso en la lucha contra la violencia de género y subraya que todas sus actuaciones se realizan con la máxima rigurosidad y respeto a los protocolos establecidos y firmados”, y que “siempre y todo momento” ha actuado dentro de la legislación vigente.
El alcalde de Tinajo aseguró pagar hoteles a maltratadores para evitar detenerlos
El origen de la controversia se encuentra en el pleno extraordinario celebrado el pasado 28 de agosto, cuando el alcalde Jesús Machín, admitió que el Ayuntamiento había pagado, en varias ocasiones, alojamiento en hoteles a presuntos maltratadores para evitar su detención en casos de violencia machista.
Durante la sesión, el regidor respondió a una pregunta de la portavoz del PSOE de Tinajo, Begoña Hernández, afirmando:
“Cuando existe algún conflicto de violencia de género, la policía me llama y me dice: ‘Suso, tenemos un problema. O este hombre se le buscan de dejarlo a esta mujer o hay que detenerlo’. Hay hijos de por medio. Yo les digo: ‘Nada, pues como lo hemos hecho otras veces, vayan al hotel. Algunas personas tienen una noche, otras tienen cuatro’.”
El contenido de estas declaraciones, grabadas en vídeo y difundidas por el PSOE, fue calificado por los socialistas como una “confesión pública de negligencia institucional frente a la violencia machista” y una gestión “peligrosa e insensible que pone en riesgo la vida de las mujeres”.
El grupo municipal ha exigido explicaciones sobre el uso de fondos públicos para sufragar las estancias hoteleras, así como transparencia en las facturas y protocolos aplicados.
La concejal socialista Begoña Hernández manifestó que “alojar a un agresor en un hotel con cargo al erario público mientras se minimiza el sufrimiento de las víctimas es una muestra de complicidad institucional con la violencia machista”.
La polémica también ha tenido eco nacional. La exministra de Igualdad y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, criticó en la red social X que se proteja a los agresores en lugar de a las víctimas y pidió responsabilidad institucional.
“Menos disculpas y más papeles”
El Partido Popular de Tinajo también ha reclamado al alcalde “menos disculpas y más papeles” tras estas declaraciones. En un comunicado, la coordinadora local de los populares, Carmen Camiñas, aseguró que el intento posterior del regidor de matizar sus palabras y disculparse “confirma la falta de rigor, sensibilidad y responsabilidad institucional con la que está abordando una cuestión tan delicada”.
Los populares remarcaron que las explicaciones ofrecidas “no son suficientes” si no se aporta documentación que aclare el uso de recursos públicos en estos casos.
Además, consideraron que la rectificación del alcalde, realizada cuatro días después y tras el revuelo mediático, “llega tarde y no resuelve el daño institucional causado”.
El PP concluyó reclamando que se esclarezca “por completo la gestión de los recursos municipales en casos de violencia de género y los protocolos aplicados, a fin de garantizar que ninguna actuación haya podido poner en riesgo la integridad de las víctimas”.
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