El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha aceptado a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación Tierra Bonita, que busca acceder a las actas y grabaciones de las reuniones de los comités científico y de dirección del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (PEVOLCA) celebradas en los días previos a la erupción del volcán de La Palma.
La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo notificó a la asociación que, mediante un decreto fechado el 9 de septiembre, se abre por primera vez la vía judicial para reclamar esta documentación, cuya entrega había sido rechazada definitivamente por la Dirección General de Emergencias el pasado 3 de junio.
La exigencia de hacer públicas las deliberaciones técnicas y políticas mantenidas en aquellas reuniones ha sido constante entre los colectivos de afectados y vecinos de las zonas impactadas por la emergencia volcánica. No obstante, tanto el anterior Ejecutivo autonómico (PSOE-NC-ASG-Sí Podemos) como el actual (CC-PP-ASG-AHI) han mantenido la negativa a difundir esa información, argumentando falta de interés público y la necesidad de preservar la confidencialidad de las sesiones.
Para los damnificados, sin embargo, se trata de una información clave. Alegan que permitiría esclarecer por qué no se comunicó a la ciudadanía el desplazamiento del riesgo eruptivo hacia el norte del Valle de Aridane, movimiento del magma que —según subraya Tierra Bonita— los científicos ya conocían. Esta ausencia de aviso dejó sin preparación a varios núcleos poblacionales, los primeros en ser arrasados por la lava, donde nunca se organizaron reuniones informativas del PEVOLCA. Como consecuencia, numerosos vecinos no pudieron poner a salvo animales, pertenencias ni objetos de valor emocional, lo que intensificó el impacto psicológico de la catástrofe.
Las actas y grabaciones también podrían arrojar luz sobre las razones por las que no se elevó el semáforo volcánico de amarillo a naranja, ni se decretó una evacuación preventiva, a pesar de que miembros del comité científico reconocieron posteriormente que ya existían evidencias claras de inminencia eruptiva. La iniciativa judicial impulsada por Tierra Bonita cuenta con el respaldo de otras organizaciones, entre ellas la Plataforma de Afectados por la Erupción de Cumbre Vieja 2021, la Iniciativa Ciudadana de Apoyo a los Afectados del Volcán, las asociaciones vecinales de La Laguna y Las Manchas, la Asociación Agua para La Palma, la Plataforma por un Precio Justo y Auténtico del Plátano y Unidad Protección Animal (UPA) La Palma.
Tras admitir el recurso, el TSJC ha concedido al Gobierno autonómico un plazo de 20 días para remitir el expediente administrativo objeto de impugnación.
La asociación ha calificado la resolución como una “noticia alentadora” que les anima a continuar su lucha por la transparencia. La comunicación judicial coincide con la cercanía de una fecha simbólica: el próximo 19 de septiembre se cumplen cuatro años del inicio de la erupción.
“Son cuatro años de ocultación, con actas y grabaciones retenidas para impedir que la sociedad conozca la verdad de lo sucedido y para evitar posibles responsabilidades en la gestión de la emergencia”, denunció el colectivo palmero.
Hemeroteca
Publicidad
Esquelas