El grupo de gobierno (PP-ACP-CC) ha conseguido cerrar el contrato que considera más importante para Puerto de la Cruz: el del ciclo integral del agua, debido al impacto positivo que tendrá en la ciudad y la inversión que supone, estimada en 420 millones de euros.
La concesión será por 40 años y el futuro operador del servicio tendrá que ejecutar inversiones por un importe cercano a los 31 millones que se sumarán a los más de seis millones que aportarán el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife.
Tras ser publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife, se deberá hacer en la sede electrónica del Ayuntamiento y en la Plataforma de Contratación del Sector Público de cara a la futura concesión.
El documento, que incluye el plan director de abastecimiento y saneamiento, el anteproyecto de construcción y explotación, el estudio de viabilidad económico-financiera, y el programa de inversiones, solo recibió una alegación que fue desestimada.
El siguiente paso es la fiscalización del Gobierno central y del Ayuntamiento para aprobar el expediente de contratación en la sesión plenaria que se celebrará el 29 septiembre. “A partir de ese momento, se puede licitar”, confirma a este periódico el concejal de Concesiones Administraciones, Pedro Antonio Campos. Si las previsiones del gobierno se cumplen, en noviembre estará lista la propuesta.
Entre las actuaciones que deberá ejecutar el futuro operador del servicio, se encuentra la de legalizar las estaciones de bombeo y aguas residuales (EBAR) y reubicarlas fuera del dominio marítimo terrestre y acorde al planeamiento vigente. Ello supondrá afrontar la reurbanización del barrio de Punta Brava mejorando su sistema de saneamiento “con el objetivo de que no se vuelva a repetir un episodio como el de Playa Jardín”, subraya Campos.
También deberá construir la planta desaladora que se proyecta en Punta Brava, con capacidad para tratar 2.800 metros cúbicos diarios. A ello se suman otras mejoras como la telelectura, la digitalización del servicio y la eficiencia en el agua de riego.
Todas se deberán ejecutar en 20 meses, según el plazo temporal establecido.
“Aspiramos a recuperar las banderas azules, que los vecinos reciban un agua de mayor calidad en sus casas y que el municipio sea autosuficiente”, sentencia Pedro Antonio Campos.
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