icod de los vinos

Icod de los Vinos obligado a subir un 60% la tarifa de agua al llevar congelada 13 años

Un informe de Intervención confirma que la falta de actualización generó un déficit de diez millones de euros en los últimos 5 años

El Gobierno de Icod de los Vinos (Alternativa Icodense-PSOE) se ha visto obligado a subir un 60% la tarifa de agua debido a que lleva congelada 13 años y supone un importante déficit para las arcas municipales, en concreto, diez millones de euros de pérdidas en los últimos cinco años.

Así lo advierte un informe de Tesorería del Ayuntamiento con fecha de 6 de agosto de 2025 en el que expone que la realidad económica del país se ha modificado ostensiblemente sin que ello haya repercutido en el coste de este servicio en el municipio.

De este modo, una pareja que en la actualidad paga 28 euros mensuales, pasará a abonar 44,8 euros si se aprueba la propuesta para modificar la actual ordenanza por prestación del servicio de agua potable, que se llevará a comisión informativa el próximo martes y el día 30 al pleno ordinario del mes de septiembre.

No obstante, el citado informe desvela otras posibles causas del déficit presupuestario así como datos preocupantes sobre la gestión del servicio de aguas, a cargo de la empresa municipal Icodemsa. Entre ellas, señala que el crecimiento de contadores ha sido muy paulatino, pasando de los 11.717 en 2022 a los 11.841 del año pasado.

“Desde Tesorería se ha solicitado y reiterado desde el año 2018 a Icodemsa los datos de los contadores revisados pero que figuran ausentes en el padrón y no ha remitido a día de la fecha la información solicitada”, se indica en el documento. Asimismo, se añade que Tesorería ha tenido conocimiento de contadores en situación de ilegalidad durante más de 10 años, una vez que acuden al Ayuntamiento para normalizar su situación administrativa por transmisión de propiedad, por ejemplo, y comprobar que tienen conexión a red sin alta en padrón de agua, algo que no procede.

A ello se añade el déficit en la gestión. Por citar el ejemplo del último año, los ingresos ascienden a 1.390.151 euros mientras que los costes totales del servicio, tanto directos como indirectos suman 3.638.725 euros, con lo cual, la diferencia es de -2.248.573 euros, confirmando una cobertura deficitaria.

Con los datos reflejados se considera que las pérdidas económicas desde el año 2020 suponen una media anual superior a los dos millones de euros. En los últimos cinco años superan los 10.000.000 euros de aportación por parte del Ayuntamiento para poder costear el servicio.

Desde Tesorería también se aconseja revisar las pérdidas por redes e instalaciones, sustituyendo a la mayor brevedad aquellas obsoletas con mayor pérdida de caudal y revisión de depósitos; los gastos de personal y posibles ajustes de plantilla al efecto de reducir gastos; el alumbramiento de viviendas, locales comerciales fraudulentes y espacios privados y públicos con consumo y sin contador; la redacción de una ordenanza reguladora que incorpore nuevos conceptos a tributar y toda medida para minorar el déficit actual.

De no corregir los desajustes presupuestarios y teniendo en cuenta los datos de los últimos años, habría que proceder a un incremento que oscila entre un 120% y un 150%. Para evitar que sea tan brusco, el grupo de gobierno propone un aumento lineal del 60%, una opción “jurídicamente segura”, al cubrirse como indica la Ley de Haciendas Locales, y “financieramente prudente”.

El alcalde, Javier Sierra, adelanta que esta modificación en la ordenanza conllevará además la externalización del servicio de aguas “puesto que la empresa pública Icodemsa, que ha estado casi tres décadas llevando el control en el municipio, no ha sido capaz de afrontar todas las inversiones necesarias, paliar las pérdidas en la red y asegurar el mantenimiento del servicio en unas condiciones óptimas”.

“Hemos tenido que ser responsables y actuar”

El alcalde confía en que la ciudadanía entienda que es una decisión motivada por la actual situación y asumiendo las posibles repercusiones políticas que puede tener. “Asumir un incremento de impuestos no es positivo, pero como alcalde tengo que garantizar unos servicios básicos esenciales a toda la población que en este caso se resume en que pueda abrir el grifo y salga agua de la ducha, tirar de la cisterna, cocinar o lavar los platos. Si aumentar la tasa como corresponde y regularizar el servicio supondrá una mejor calidad de vida para los vecinos, sabré que estoy actuando con responsabilidad”, declara Javier Sierra.