El portavoz del Partido Popular en La Laguna, Juan Antonio Molina, tildó ayer de “muy grave” la resolución del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Canarias que anula la adjudicación del contrato de conservación y mantenimiento del alumbrado público municipal al detectar “irregularidades” en el procedimiento seguido por el gobierno local de PSOE y Coalición Canaria.
La resolución declara la nulidad de la adjudicación a la UTE Imesapi-Emelsa y ordena retrotraer las actuaciones para excluirla de la licitación y requerir a la siguiente empresa clasificada. Para el PP, esta decisión “es una llamada de atención sobre la falta de transparencia y previsión en la gestión municipal”.
Por su parte, el Ayuntamiento lagunero expresó su “máximo respeto “a las decisiones de los tribunales y anunció que estudiará la resolución para valorar si procede o no la interposición de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
Asimismo, el Consistorio ha defendido la profesionalidad y honorabilidad de los funcionarios públicos, así como el rigor de los procedimientos de contratación, asegurando que desde Servicios Municipales se garantiza el correcto cumplimiento del servicio de alumbrado municipal en las mejores condiciones de eficiencia y calidad.
Mientras, Molina insistió en que el procedimiento estaba ya cuestionado por posibles conflictos de intereses en la valoración técnica y lamentó que el gobierno local no adoptara medidas preventivas para garantizar la imparcialidad. “Es inaceptable que el Ayuntamiento se vea forzado a retrotraer actuaciones por falta de rigor en la gestión”, añadió.
Exigió al alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, que asuma responsabilidades y dé explicaciones a los vecinos sobre cómo piensa resolver esta situación”, pues recordó que se trata de un contrato vital para el futuro de los espacios públicos, con un montante de más de 18 millones, y la mala gestión podría provocar indemnizaciones millonarias.







