La fiscal superior de Canarias, María Farnés Martínez, volvió ayer a desvincular la llegada de personas migrantes del “aumento exponencial, pero no alarmante”, de la delincuencia en las Islas, pese al insistente bulo generado desde la ultraderecha para vincular la migración con un aumento de la delincuencia en su afán de captar más votantes que les garanticen un sueldo público a costa de engañar a la ciudadanía alentando el odio al diferente.
Martínez recordó la evidencia que resulta de las estadísticas tras entregar la memoria de Fiscalía de 2024 a la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, en la que figuran “determinadas áreas con mayor incidencia como la de extranjería y la trata de seres humanos”. “Sabemos que están llegando personas migrantes a nuestras costas y esto supone un mayor volumen de trabajo para la Fiscalía, sobre todo en materia de determinación de edad y de investigaciones de trata de derechos humanos”, ha relatado. De resto, se mantiene “una línea ascendente pero no distinta a otras comunidades autónomas”.
La fiscal superior ha insistido en que ni en los servicios de guardia ni en los procedimientos que incoa la Fiscalía de Canarias se detecta un aumento de la delincuencia como consecuencia de la llegada de migrantes, tampoco a nivel estatal. Ha matizado que cuando habla de investigaciones del Ministerio Público se refiere a que “estas personas son las perjudicadas”, víctimas de trata, de prostitución… “no que estén generando mayor número de delitos”.
María Farnés Martínez aprovechó para reivindicar, como denuncia reiteradamente DIARIO DE AVISOS, una mejora de las dependencias judiciales para las mujeres víctimas de violencia machista en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en vista de que existen “muchas diferencias” con respecto a la de Las Palmas y de que es una situación denunciada “hace años, y no parece que esto avance”. Desconoce si es una cuestión de “falta de infraestructuras o de los números” la que ha imposibilitado la creación de un nuevo juzgado de violencia en Santa Cruz, “que es necesario”, pues ahora también da cobertura a La Laguna y Güímar. “Si antes las infraestructuras no eran las adecuadas para el número de víctimas solo de Santa Cruz, si tiene que atender a las de Güímar y La Laguna, mucho peor”.
Hoy por hoy, ha ahondado la fiscal superior de Canarias, “no hay infraestructuras adecuadas donde pueda estar la mujer, con niños pequeños, donde pueda tener una entrevista con su letrado, donde tenga a disposición un servicio, una máquina de café… algo humano para que una persona que acaba de recibir una agresión esté en condiciones de poder prestar declaración con dignidad”.
Además, la fiscal Superior de Canarias, admitió ayer que es “muy difícil” fijar la edad de los menores migrantes que llegan a las costas del archipiélago en 15 días y entiende que el plazo fijado en la reforma de la ley de extranjería es un “error”.
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