El Ministerio de Juventud e Infancia propondrá en la próxima Conferencia Sectorial la transferencia, por parte del Estado, de un crédito extraordinario de 13 millones de euros para Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla para la atención de los menores migrantes no acompañados.
Según han informado fuentes del Ministerio, de esta partida, Canarias recibirá 5 millones de euros; Ceuta, 4,1 millones; Melilla, 1,7 millones, y Baleares, 1,2 millones de euros.
Los tres primeros territorios están declarados en contingencia migratoria extraordinaria, según el real decreto ley aprobado por el Gobierno para la reubicación de menores migrantes no acompañados, mientras que en Baleares se ha declarado recientemente la emergencia migratoria por el aumento de llegadas por vía marítima.
La propuesta de reparto de crédito tendrá que ser valorada primero por la Comisión Sectorial, convocada para el próximo 17 de octubre, y después validada por la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que se prevé que tenga lugar a comienzos de noviembre.
Esta nueva partida se suma a los 22 millones de euros que el Ministerio ya ha aprobado este año para Canarias, Ceuta, Melilla y Baleares, a los que hay que añadir el fondo de 100 millones de euros vinculado al real decreto ley, que regula el nuevo mecanismo de acogida.
135 millones de euros a disposición de las comunidades
En total, además de las transferencias de crédito ordinario, solo este año el ministerio ha puesto a disposición de las comunidades autónomas 135 millones de euros, han precisado las fuentes.
De esta forma, el Ministerio dice reafirmar su compromiso de atender las necesidades de los territorios fronterizos para garantizar los derechos de la infancia migrante no acompañada, la sostenibilidad de los sistemas de acogida y que prevalezca el interés superior de los niños, niñas y adolescentes.
Frente a ello, ha lamentado que “determinadas comunidades autónomas” sigan tratando de “boicotear” las reubicaciones cuando “los datos demuestran que no se trata de falta de recursos, sino de una política racista que trata de criminalizar a la infancia migrante no acompañada”.
A pesar de todo, las fuentes ministeriales han asegurado que los primeros traslados ya se han producido y el protocolo sigue su curso “con normalidad y garantizando el interés superior de los menores”.
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