El Colegio de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife denunció la “precarización y desprofesionalización” del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) y alertó sobre las consecuencias de la macroprivatización que está implantando el Gobierno regional y los Cabildos de Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote y La Gomera. “La externalización masiva y la reducción de coordinadores ponen en riesgo la autonomía y la calidad de vida de 1.500 personas usuarias en situación de dependencia”, recalcó.
La entidad exige la “revisión inmediata de las condiciones de licitación” del SAD, y propone medidas como blindar el trabajador social como “figura coordinadora” garantizando que la dirección técnica del servicio recaiga en profesionales con formación social especializada; incrementar el número de profesionales dedicados a la coordinación, especialmente en islas con alta dispersión; establecer mecanismos de control; y garantizar la coordinación obligatoria y directa con los Servicios Sociales Municipales.
“La salud y la autonomía de las personas con dependencia son derechos irrenunciables. La calidad de la atención no puede subcontratarse a costa de la profesionalidad y la cobertura territorial”, reconoce.
El Gobierno regional justifica la medida en la “supuesta ineficiencia de la gestión fragmentada” por cabildos y ayuntamientos, supone que el servicio deje de ser provisto y gestionado directamente por la Administración, delegando su ejecución en una entidad privada.
El Colegio profesional advierte que esta “macroprivatización no solo externaliza la prestación del servicio, sino también su vigilancia, seguimiento y control”, generando una “dependencia institucional de terceros para funciones críticas” que deberían mantenerse en el ámbito público. Advierten que este modelo “compromete el papel del Sistema Público de Servicios Sociales como gestor directo y garante de la calidad”.
La externalización del SAD y de su control “evidencia una privatización y desmantelamiento de la gestión pública especializada”, denuncia la entidad.
El análisis de los pliegos revela “cuatro puntos críticos” que amenazan la eficacia y la calidad del servicio: la desprofesionalización de la coordinación, el número insuficiente de coordinadores para la complejidad territorial, el riesgo de pérdida de calidad por la supervisión reducida del control administrativo, y la desconexión de la realidad local y los servicios sociales municipales.
Para el Colegio de Trabajo Social la coordinación técnica del servicio “es un elemento esencial”, ya que implica la primera valoración, la planificación de tareas y horarios, y la garantía de continuidad y calidad de la atención. Sin embargo, el pliego de condiciones establece que “bastará con acreditar experiencia” en coordinación y el título de Bachillerato o Ciclo Formativo de Grado Superior, equiparandolos al título universitario de Trabajo Social o Psicología.
Recalca que el Trabajo Social es la disciplina especializada en el análisis del contexto social, la gestión de casos y la intervención familiar y comunitaria, por tanto, permitir que se acceda al puesto de coordinación basándose únicamente en la experiencia técnica o en titulaciones no sociales, “pone en riesgo el que se priorice la eficiencia logística sobre la calidad de la intervención social y la atención centrada en la persona”. Esta flexibilidad en el perfil “ignora el papel irreemplazable del trabajador social”, quien es profesionalmente mandatado por la propia normativa canaria.
Por otro lado, el pliego prevé un equipo de solo seis profesionales (un responsable y cinco coordinadores) para la atención de unos 1.500 usuarias en Tenerife, Fuerteventura, Lanzarote y La Gomera, una “dotación claramente insuficiente”, y un coordinador debe asumir la responsabilidad de tres islas, “lo que hace inviable” el cumplimiento de las funciones básicas: visitas de seguimiento domiciliario, gestión de incidencias o detección de situaciones de soledad no deseada, abuso o maltrato”.
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