La fiscal ha afirmado este martes, en la primera sesión del juicio a dos de las cuatro personas acusadas de patronear un cayuco que arribó en septiembre de 2024 a Tenerife, que además de un migrante que falleció en la isla, habría muerto otro hombre durante la travesía tras lanzarse al agua.
El cayuco había partido de Nuackchot (Mauritania) con 48 personas a bordo en una travesía que duró nueve días, hasta llegar al sur de Tenerife.
De este cayuco hasta ahora solo se tenía constancia de la muerte de uno de sus ocupantes tras ser trasladado a un hospital para su atención médica.
Asimismo, otros tres más sufrieron lesiones de gravedad, como amputaciones.
Tras celebrarse buena parte de la vista, el juicio ha sido suspendido a petición de la Fiscalía hasta el próximo 4 de noviembre debido a que no pudo comparecer una de las policías.
Ese día se escucharán a más testigos, una perito, a los acusados, uno de ellos en prisión provisional, y se fijarán las conclusiones definitivas.
Los otros dos procesados por haber actuado también como responsables del viaje se encuentran en la Península y se espera que puedan ser juzgados en fechas próximas en diferentes vistas.
Los encausados, al igual que todos los viajeros, son ciudadanos naturales de Mali y Senegal, a quienes la Fiscalía solicita a cada uno de ellos 6 años por delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, otros 4 por homicidio imprudente y 6 años y medio por lesiones graves.
En caso de ser condenados, la Fiscalía solicita que indemnicen a los tres heridos con 5.000, 40.000 y 80.000 euros, en los últimos dos casos al sufrir uno de ellos la amputación de una pierna y otro varios dedos.
Una perito indicó que los lesionados presentaban heridas comunes y habituales en este tipo de viajes como deshidratación o infecciones, más allá de hayan contado o no con suficiente alimento y agua, y admitió que no se ha realizado un seguimiento médico posterior a los que sufrieron las amputaciones.
Las defensas de los acusados plantean que se han cometido irregularidades en su identificación por parte de los otros viajeros, mediante fotografías o el método utilizado en los interrogatorios como es la interpretación de la lengua.
Cuestionaron que los reconocimientos se hubiesen llevado a cabo cuatro días después de llegada la patera al sur de Tenerife cuando los migrantes estaban internos en el centro de Las Raíces.
La defensora del acusado que está en prisión calificó de “ilegal” la suspensión de la vista a petición del Ministerio Público dado que ya se sabía que no iba a comparecer la testigo.
Previamente, se visionó la prueba preconstituida a varios de los testigos, algunos de los cuales identificaron como patrones a los acusados, pero otros incurrieron en contradicciones o negaron que fueran los encargados de dirigir la embarcación.
Respecto a las cantidades pagadas para acometer el viaje, apuntaron que llegaron a pagar el equivalente a 2.300 euros mientras que otros no abonaron cantidad alguna, en un caso porque se comprometió a achicar el agua si se producía una inundación y en otro porque era conocido de los organizadores del viaje.
Todos ellos habían oído que una de las personas se había arrojado al mar pero tan sólo un primo suyo sabía con certeza lo que había ocurrido debido a que según dijo “perdió la cabeza” y no sabía nadar, mientras que los demás “se enteraron más tarde ya que estaban dormidos”.
Coincidieron en que durante el viaje hubo suficiente comida y agua, pero no contaron con ningún tipo de medida de seguridad, como chalecos salvavidas ni luces de posicionamiento.
En su escrito de conclusiones provisionales el Ministerio Público da por probado que los cuatro acusados se pusieron de acuerdo para trasladar a España a estas personas de origen subsahariano, todo ellos varones adultos en un cayuco que partió desde África y se perdió en los primeros días de travesía.
Por este motivo tuvieron que volver al punto de origen para nuevamente zarpar hacia las Islas, siendo interceptados a los 9 días de navegación por una embarcación Salvamar en donde fueron trasladados a Los Cristianos.
El Ministerio Público les atribuye a los cuatro haberse encargado de las labores de navegación, rumbo, mantener el orden, repartir alimentos y dirigir una embarcación que consideraron totalmente no idónea para realizar este trayecto.
Por todo ello, la Fiscalía los acusa de haber dado lugar al fallecimiento de uno de los ocupantes que no fue identificado durante su hospitalización en el HUC a causa de deshidratación, hipotermia, fallo multiorgánico e insuficiencia renal grave.
Los lesionados padecieron deshidratación severa, infecciones, problemas renales, úlceras, amputación por encima de la rodilla y de varios dedos, desnutrición y hemorragias, entre otras consecuencias.
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