La Universidad de La Laguna abrirá una investigación interna y solicitará un informe a la Delegación del Gobierno para esclarecer la actuación policial durante los incidentes registrados el 14 de noviembre en el campus de Guajara, tras la presencia del agitador Vito Quiles en los exteriores de las facultades de Derecho y de Ciencias Sociales y de la Comunicación.
El rector de la Universidad lagunera, Francisco García, así lo ha anunciado en el claustro y ha recordado en un comunicado que la ULL había denegado expresamente la cesión de espacios para el acto convocado por Quiles, que finalmente se desarrolló en el recinto universitario sin autorización.
Según ha explicado, el convocante utilizó equipamiento de la institución y se repartió material con contenido xenófobo sin que consten medidas para impedirlo.
El rector considera en la nota que la actuación policial derivó en “un uso selectivo de la fuerza”, que calificó de desproporcionado e injusto, y señaló que varias personas resultaron heridas en el operativo.
Ha añadido que la movilidad del grupo que se manifestaba contra la presencia del ultraderechista quedó de facto limitada, mientras que las actividades no autorizadas pudieron desarrollarse con normalidad y con acompañamiento policial.
García ha afirmado que la libertad de expresión no puede ejercerse cuando atenta contra los derechos humanos, la igualdad y la equidad, o cuando pone en riesgo la convivencia universitaria.
Ha indicado que, pese a los incidentes, la actividad académica se desarrolló con normalidad, aunque reconoció que la protección a los manifestantes no fue adecuada.
El rector ha señalado que la universidad está a la espera del informe solicitado a la Delegación del Gobierno sobre la planificación y decisiones operativas del dispositivo, y advirtió de que no se descartan acciones judiciales en función de sus conclusiones.
En la sesión del Claustro, todos los grupos lamentaron y condenaron lo sucedido y reclamaron responsabilidades.
El órgano ha aprobado finalmente un comunicado en el que denuncia los hechos y la actuación policial, exige un informe riguroso, completo y público sobre lo ocurrido e insta a la Delegación del Gobierno a una evaluación del operativo para determinar posibles responsabilidades administrativas y judiciales.
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