El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ordenó este miércoles la puesta en libertad del que fuera secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, al entender que el riesgo de destrucción de pruebas —motivo por el que ingresó en prisión el pasado 30 de junio— se encuentra ahora “seriamente disminuido”.
Cerdán abandona así la cárcel de Soto del Real, donde ha permanecido casi cinco meses, después de que el juez del caso Koldo haya acordado su salida en régimen de libertad provisional y sin fianza.
En el momento de su ingreso, tanto el instructor como la Fiscalía Anticorrupción sostuvieron que existía un peligro real de manipulación de pruebas, al aparecer indicios que apuntaban a que el exdirigente socialista habría actuado como responsable de distribuir las presuntas comisiones ilegales vinculadas a adjudicaciones de contratos públicos.
La decisión del Supremo se produce tras la entrega por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de un informe clave que rastrea el dinero supuestamente obtenido por la red investigada y que, según el juez, elimina las razones para mantener la medida de prisión.
Un informe determinante
El documento de la UCO, de 227 páginas y conocido este martes, atribuye a la trama dirigida por Cerdán junto a José Luis Ábalos y Koldo García el cobro de una presunta comisión del 2% en cada adjudicación irregular de obras públicas vinculadas a Acciona. A partir de estas conclusiones, el Tribunal Supremo ha optado por conceder la libertad provisional al ex número dos del PSOE.
El informe detalla que estas supuestas mordidas se abonaban a Servinabar, la sociedad navarra con la que Cerdán mantenía una relación directa, según los investigadores. El exsecretario de Organización habría actuado como intermediario entre empresas constructoras y el Gobierno, especialmente con el Ministerio de Transportes en la etapa de Ábalos (2018-2021), gestionando presuntamente los pagos a cambio de la concesión de contratos.
En el auto que autorizó los registros realizados el pasado viernes en sedes de Acciona, el juez Puente identificó al menos tres obras que habrían sido manipuladas en Logroño, Sevilla y Sant Feliu de Llobregat.
El funcionamiento interno de la red
La investigación apunta a que el 75% de los ingresos de Servinabar —propiedad de Antxón Alonso y vinculada igualmente a Cerdán— procedían de Acciona, una cifra que rondaría los 7 millones de euros.
Los agentes también documentan intentos de expandir estas actividades a Marruecos y Gabón. En enero de 2019, Cerdán habría viajado incluso con el equipo del ministro a Kenitra, pese a no formar parte del Gobierno, para negociar un contrato millonario destinado a la construcción del puerto de esa ciudad marroquí.
Otro de los puntos subrayados por la UCO es el uso que habría hecho Cerdán de una tarjeta de crédito de Servinabar para sufragar gastos personales, incluidos pagos de hoteles, restaurantes y el alquiler de dos viviendas en Madrid.
El informe incorpora además mensajes del socio de Cerdán, Antxón Alonso, en los que este y su esposa critican el elevado gasto: “Que le conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés. Gastar y gastar”, señala uno de ellos. “Ya les vale”, responde ella.
Los investigadores añaden que familiares directos de Cerdán —su esposa, su hermana y su cuñado— habrían recibido beneficios económicos a través de contratos o pagos procedentes de Servinabar.
El informe concluye destacando el modus operandi de la red y el especial cuidado que presuntamente ponían sus integrantes para evitar que sus comunicaciones fueran interceptadas.
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